El excomisario Juan Antonio Gatica quedó oficialmente prófugo luego de no presentarse ante la Justicia para comenzar a cumplir la condena de cuatro años de prisión por el encubrimiento agravado del crimen de Valentino Blas Correas. La Cámara del Crimen ordenó su detención y activó un operativo de búsqueda en toda la provincia.
La causa por el asesinato de Valentino Blas Correas volvió a conmocionar a Córdoba. Esta vez, el foco está puesto sobre el excomisario Juan Antonio Gatica, quien permanece prófugo tras quedar firme su condena por encubrimiento agravado en uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en la provincia.
La orden de captura se activó luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazara los últimos recursos extraordinarios presentados por la defensa. Con la sentencia confirmada, Gatica debía presentarse ante la Cámara 8ª del Crimen para iniciar el cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión efectiva. Sin embargo, nunca apareció.
Ante la ausencia del exjefe policial, la Justicia ordenó allanamientos en su domicilio y formalizó el pedido de captura. Paralelamente, solicitó a la Jefatura de Policía y a especialistas forenses imágenes actualizadas de su rostro para intensificar la difusión pública y facilitar su localización.
Según trascendió, el abogado defensor del excomisario aseguró que Gatica le había comunicado que viajaría a Villa Dolores para despedirse de sus padres antes de entregarse voluntariamente. No obstante, desde entonces dejó de responder llamados y permanece desaparecido.
Gatica fue condenado en marzo de 2023 por ocultar registros fílmicos clave de las cámaras de seguridad que permitían reconstruir las maniobras internas posteriores al asesinato de Blas Correas. El tribunal entendió que incurrió en encubrimiento por omisión de denuncia, dentro de una compleja red policial destinada a falsear lo ocurrido aquella madrugada de agosto de 2020.
El fallo histórico por violencia institucional
La Cámara 8ª del Crimen consideró el asesinato de Blas Correas como un caso paradigmático de violencia institucional y dictó duras condenas tanto para los autores materiales de los disparos como para los policías involucrados en el encubrimiento.
Los cabos Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron prisión perpetua por los disparos contra el Fiat Argo donde viajaban los adolescentes. Las pericias balísticas confirmaron que la bala mortal salió del arma de Gómez.
La investigación también expuso la maniobra del “arma plantada”, mediante la cual efectivos policiales intentaron simular un enfrentamiento armado para justificar el accionar represivo. En ese contexto fueron condenadas Wanda Micaela Esquivel y Yamila Florence Martínez, además de varios jefes policiales acusados de alterar pruebas, validar comunicaciones falsas y facilitar el encubrimiento.
En paralelo, la Justicia avanzó con una nueva investigación denominada “Blas Correas 2”, que derivó en el pedido de elevación a juicio de once exfuncionarios públicos vinculados a presuntas responsabilidades posteriores al crimen.
La fuga de Gatica pone el foco sobre las responsabilidades institucionales y coloca bajo tensión a la estructura policial cordobesa en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.