La Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena contra Julio César Ramírez en la causa por el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende. El fallo expuso serias anomalías en la investigación, cuestionó el manejo de la prueba informática y pidió que la Procuración General investigue al fiscal federal Enrique Senestrari.
La causa por el secuestro seguido de muerte de Santiago Aguilera Allende sumó un giro inesperado que volvió a conmocionar a Villa Dolores y a toda la región de Traslasierra. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a Julio César Ramírez, quien había sido condenado a 12 años de prisión como partícipe secundario del secuestro extorsivo agravado, y además solicitó que se investigue al fiscal federal Enrique Senestrari por las irregularidades detectadas durante la instrucción.
La resolución judicial no sólo modificó el escenario procesal de uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Córdoba, sino que también abrió un fuerte debate sobre la calidad de la investigación judicial y el manejo de la prueba digital.
El eje central del fallo estuvo vinculado a una evidencia informática considerada clave para condenar a Ramírez: el supuesto ingreso a la cuenta de Gmail de Santiago Aguilera el día del crimen. Sin embargo, una investigación posterior reveló que ese acceso no había sido realizado por el acusado, sino por un integrante de la propia fiscalía federal.
Ramiro Julián Daverio, empleado judicial dependiente de la fiscalía de Senestrari, reconoció haber ingresado a la cuenta de la víctima desde un dispositivo oficial para efectuar una extracción de datos conocida como “Google Takeout”. Esa admisión derrumbó uno de los principales argumentos utilizados para sostener la participación de Ramírez en el hecho.
Los jueces Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma consideraron que las irregularidades detectadas configuraban un cuadro de “singular gravedad institucional” y advirtieron sobre el impacto que esto genera sobre las garantías del debido proceso y la confiabilidad de la prueba.
Incluso el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, reconoció públicamente que el Ministerio Público actuó de manera “incorrecta” y pidió disculpas tanto a la familia de Santiago Aguilera como a la de Ramírez.
El fallo también reavivó cuestionamientos históricos hacia la investigación inicial. La querella volvió a señalar que Walter Gil —el otro acusado en la causa— no fue indagado mientras la víctima permanecía con vida, una decisión que hoy vuelve a estar bajo análisis judicial y político.
Mientras tanto, la absolución de Ramírez deja un escenario complejo: un condenado liberado, una investigación cuestionada y una sociedad que vuelve a preguntarse qué ocurrió realmente durante aquellos días de agosto de 2022 que terminaron con el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende.