El espacio que trabaja con niños y jóvenes con discapacidad atraviesa una profunda crisis económica tras más de siete meses sin financiamiento del programa nacional Incluir Salud. Advierten que ya no pueden afrontar alquileres ni salarios. Este jueves habrá una reunión con el intendente Maxi Rivarola, mientras la Justicia Federal ordenó regularizar pagos al sector.
El taller Mano a Mano de Villa Dolores, reconocido por su trabajo interdisciplinario con niños y jóvenes con discapacidad, atraviesa una situación crítica y advirtió que podría cerrar sus puertas en los próximos días debido a la falta de financiamiento nacional.
Desde la institución señalaron que hace más de siete meses dejaron de percibir fondos correspondientes al programa nacional Incluir Salud, recursos que permitían sostener actividades educativas, inclusivas, terapéuticas y de rehabilitación destinadas a chicos con discapacidad.
La falta de pagos afecta directamente el funcionamiento cotidiano del espacio, que actualmente enfrenta dificultades para cubrir gastos esenciales como el alquiler y los honorarios de docentes, acompañantes y especialistas.
En medio de la preocupación de familias y trabajadores, este jueves está prevista una reunión entre integrantes del taller y el intendente de Villa Dolores, Carlos Maximiliano Rivarola, con el objetivo de analizar posibles alternativas frente a la emergencia financiera.
La situación ocurre en un contexto de creciente conflicto en el sector de discapacidad a nivel provincial y nacional. En los últimos días, la Justicia Federal de Córdoba dictó una medida cautelar de urgencia ordenando a PAMI y al programa nacional Incluir Salud regularizar en un plazo máximo de 72 horas el pago total a prestadores vinculados a discapacidad.
El fallo fue emitido por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N°3, quien advirtió sobre el riesgo inminente que atraviesan tratamientos, transporte y prestaciones para miles de beneficiarios en Córdoba.
Sin embargo, trascendió que la medida judicial será apelada, lo que genera incertidumbre entre las instituciones y profesionales que dependen de esos recursos para continuar funcionando.