Los incendios más graves se concentran en el noroeste provincial. Departamentos como Pocho y Minas han sufrido impactos recurrentes, al igual que áreas protegidas de alto valor ambiental, entre ellas el Parque Nacional Traslasierra, el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Provincial de Chancaní.
Aunque en 2025 la superficie incendiada en la provincia cayó más del 80% respecto del año anterior, especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba advierten que el alivio es coyuntural. Desmontes ilegales, especulación inmobiliaria y debilidades en la aplicación de las leyes siguen alimentando una crisis estructural.
Las cifras difundidas por el Gobierno de Córdoba trajeron un respiro: entre enero y octubre de 2025 se incendiaron 17.545 hectáreas, frente a las 102.337 del mismo período de 2024. La reducción supera el 80% y, en términos estadísticos, parece una buena noticia. Sin embargo, para investigadores del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba, el dato no alcanza para hablar de un cambio de fondo.
“El fuego no es un fenómeno natural aislado, sino una herramienta que, en muchos casos, se utiliza para transformar el territorio”, sostienen especialistas del ISEA. Detrás de los incendios persisten prácticas ilegales como desmontes sin control y maniobras destinadas a degradar el bosque nativo para habilitar luego cambios en el uso del suelo con fines productivos o inmobiliarios.
Desde hace años, el instituto viene advirtiendo que la llamada “crisis del fuego” es el resultado de causas estructurales: fallas del Estado en la prevención, controles insuficientes y un modelo de desarrollo que tolera —o directamente promueve— la pérdida del bosque nativo. En Córdoba, ese ecosistema se encuentra en una situación crítica: apenas se conserva alrededor del 3% de su cobertura original.
Los incendios más graves se concentran en el noroeste provincial. Departamentos como Pocho y Minas han sufrido impactos recurrentes, al igual que áreas protegidas de alto valor ambiental, entre ellas el Parque Nacional Traslasierra, el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Provincial de Chancaní. Años anteriores dejaron marcas profundas: sólo en 2024 un gran foco arrasó más de 42 mil hectáreas.
A este escenario se suman problemas que se repiten cada temporada: recursos limitados para el control del fuego, sistemas de alerta temprana debilitados y un financiamiento insuficiente del Plan de Manejo del Fuego. Cuando estas falencias coinciden con sequía prolongada y vientos intensos, el resultado es previsible.
Las herramientas legales, remarcan desde el ISEA, existen. La ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (9.814) prohíbe expresamente el uso del fuego para cambiar el uso del suelo y establece sanciones para quienes infrinjan la norma. A nivel nacional, la Ley de Manejo del Fuego (26.815) y sus modificaciones refuerzan la prevención, el combate y la restauración de áreas afectadas, además de prohibir cambios de uso del suelo durante décadas posteriores a un incendio, con el objetivo de frenar la especulación.
El problema no es la falta de normas, sino su cumplimiento. “Respetar la ley no es opcional: es la condición mínima para proteger lo poco que queda del bosque nativo”, advierten los especialistas. La preocupación se profundiza ante recientes decisiones del Gobierno nacional, como la disolución del fideicomiso que administraba el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que introduce incertidumbre sobre los recursos futuros para la prevención.
También generan alarma las manifestaciones oficiales sobre posibles modificaciones a la legislación vigente, que podrían eliminar restricciones al cambio de uso del suelo en áreas incendiadas y debilitar la Ley de Bosques Nativos. Para el ámbito académico y ambiental, esas iniciativas priorizan intereses privados por sobre el bien social y ambiental, con riesgos que exceden a las zonas afectadas.
Los impactos de los incendios no se miden sólo en hectáreas. La pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos, el deterioro de cuencas hídricas y el daño a comunidades rurales conforman un costo ambiental y social difícil de revertir. Brigadistas comunitarios y organizaciones ambientales lo enfrentan cada año, en una disputa desigual frente a intereses económicos consolidados.
Desde el ISEA plantean que la discusión sobre el fuego es, en esencia, política. Transparentar decisiones, garantizar participación ciudadana y sostener una acción interinstitucional son pasos indispensables para avanzar hacia una política real de prevención y remediación. En ese camino, las universidades públicas cumplen un rol elemental: producir evidencia, formar recursos humanos y mantener el debate en la agenda pública.
Porque el fuego no sólo quema territorios. También expone, con crudeza, el modelo de desarrollo que se elige y el futuro que se está dispuesto a preservar.