La reciente caída en las tasas de vacunación en Argentina representa una amenaza grave para la salud pública, y las cifras son alarmantes. Según un análisis del portal Chequeado, basado en datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la cobertura de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— cayó 30 puntos porcentuales entre 2019 y 2023, con un descenso aún más marcado entre 2022 y 2023.
Esta reducción coincide con el resurgimiento de enfermedades consideradas casi erradicadas, como el sarampión, la tos convulsa y la hepatitis A, que están reapareciendo con brotes activos (Ballarino y Ferreiro, 2025).
Este retroceso en la vacunación no es un problema aislado ni exclusivamente nacional; la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han alertado a nivel global sobre la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación debido a la baja cobertura.
En Argentina, el impacto de la pandemia de Covid-19, las dificultades de acceso a los centros de salud, la desinformación y la disminución en la percepción del riesgo son factores que explican esta preocupante tendencia (OPS, citada en Ballarino y Ferreiro, 2025).
El sarampión, cuya circulación endémica en el país se había interrumpido en 2000 gracias a un programa de vacunación sostenido, vuelve a golpear con al menos 13 casos confirmados en el país, generando una urgencia sanitaria que requiere respuestas inmediatas y contundentes (Ministerio de Salud, 2025).
En este contexto, la caída en la vacunación al inicio escolar —momento crítico para la protección infantil— revela un peligroso descuido que podría desandar años de avances en salud pública.
Es fundamental fortalecer la comunicación institucional para combatir la desinformación y restablecer la confianza de la población en las vacunas. Como señalan especialistas y organismos sanitarios, la vacuna es la herramienta más eficaz y segura para prevenir estas enfermedades, y el acceso a ella es gratuito y universal en nuestro país (Ensinck, 2025; Jané Llopis, OPS, 2025).
A su vez, es indispensable que el Estado garantice el funcionamiento pleno de las estructuras encargadas de la inmunización. Las denuncias recientes sobre el “desmantelamiento” de áreas esenciales del Ministerio de Salud encargadas de coordinar la vacunación no pueden ser ignoradas ni minimizadas, pues debilitan la capacidad de respuesta ante brotes y ponen en riesgo a toda la población.
La salud pública debe ser una prioridad de Estado, sin interferencias políticas ni recortes que comprometan la seguridad sanitaria. El costo social y económico de una epidemia de sarampión u otras enfermedades prevenibles es inmenso y evitable.
La vacunación no solamente protege a quienes la reciben, sino también a la comunidad en general, especialmente a los sectores más vulnerables. Retomar el camino hacia coberturas óptimas exige un compromiso firme y coordinado entre gobiernos, profesionales de la salud y la sociedad civil. No hay tiempo que perder. La historia reciente demuestra que descuidar la inmunización puede traer consecuencias devastadoras.
• El Ciudadano