El reciente anuncio del Gobierno Nacional de disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, a través del Decreto 70/2025, marca un antes y un después en la política habitacional del país. La decisión, basada en la premisa de que la gestión de la vivienda debe recaer en provincias, municipios y el sector privado, implica el abandono definitivo del rol del Estado Nacional en una de las problemáticas más urgentes de la sociedad.
Históricamente, la vivienda ha sido un derecho fundamental garantizado a través de programas nacionales que buscaban reducir el déficit habitacional. Sin embargo, la eliminación de esta secretaría y la disolución de fondos fiduciarios claves, como el PROCREAR y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, representan un retroceso que deja a millones de familias en una incertidumbre absoluta.
Es cierto que han existido fallas en la administración de estos programas, incluyendo demoras, irregularidades y falta de controles. No obstante, en lugar de corregir y fortalecer los mecanismos de transparencia y eficacia, el Gobierno opta por una solución extrema: la desaparición total de la estructura nacional de vivienda. Esta medida no solo fragmenta la gestión del problema, sino que además profundiza la desigualdad territorial, ya que las provincias y municipios con menos recursos verán aún más limitadas sus posibilidades de generar soluciones habitacionales.
La vivienda no puede depender exclusivamente del mercado o de la capacidad financiera de cada jurisdicción. Es imperativo que el Estado Nacional mantenga un rol activo y articulador, garantizando financiamiento y políticas públicas que permitan el acceso a una vivienda digna para todos los sectores de la sociedad. La desregulación y el traslado de responsabilidades sin planificación solo perpetuarán el problema y profundizarán la crisis habitacional.
La discusión no debería centrarse en la eliminación de organismos, sino en la búsqueda de modelos de gestión más eficientes que aseguren que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan. Si el Estado abandona su función, el derecho a la vivienda queda librado a la especulación inmobiliaria y a la desigualdad de oportunidades.
Es momento de exigir políticas habitacionales integrales que contemplen la planificación urbana, el acceso a créditos accesibles y el desarrollo de viviendas sociales. La crisis habitacional no se resuelve con desmantelamiento, sino con compromiso y visión de futuro.
• El Ciudadano