Con el voto de la oposición, el Concejo Deliberante de Villa Dolores aprobó una resolución que denuncia irregularidades en el convenio de concesión del servicio de alumbrado público entre el Municipio y la CEMDO. La medida remite el caso a la Justicia para que se investiguen posibles incumplimientos en el Departamento Ejecutivo Municipal y perjuicios económicos para los vecinos.
El Concejo Deliberante de Villa Dolores aprobó una resolución promovida por el bloque de la minoría, Alianza Unidos por Villa Dolores, que cuestiona la gestión del alumbrado público a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal y la CEMDO.
La medida fue respaldada por los ediles opositores Fernando Lovagnini, Osvaldo Uriz, José Darío Cortés y Mary Díaz (foto). En contraste, los concejales Facundo Dómini, Carolina Stumpf y el presidente del cuerpo, Claudio Antón, optaron por abstenerse, mientras que la edil Paola Pousset votó en contra. La sesión contó con la ausencia del concejal Rodrigo Murúa Samper, integrante del bloque oficialista.
La resolución se basa en la Ordenanza Nº 3.069, promulgada el 4 de noviembre de 2024, mediante la cual el Concejo había autorizado al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar un convenio con la CEMDO para la concesión del servicio de alumbrado público. Sin embargo, el bloque opositor argumenta que se detectaron irregularidades en este proceso. Según el documento, el convenio no se encuentra en vigencia y la promulgación de la ordenanza se ha realizado fuera de los plazos establecidos, 104 días después de su sanción.
Además, se acusa al Departamento Ejecutivo Municipal de demorar la notificación a la Cooperativa sobre la sanción de la ordenanza, lo cual advierten que ha generado un perjuicio económico para los vecinos de Villa Dolores.
En este sentido, el convenio que ha estado en vigencia, firmado el 8 de marzo de 2024, establecía que CEMDO recibiría un 10% del valor del consumo neto de energía eléctrica por la «contribución por suministro de energía». No obstante, la Ordenanza Nº 3.069 redujo este porcentaje al 8%, modificación que fue comunicada a Cooperativa el 7 de noviembre, 107 días después de la aprobación legislativa.
Dada la gravedad de estas posibles irregularidades, el Concejo Deliberante resolvió en el artículo 1º de la resolución remitir toda la documentación pertinente a la Fiscalía de Instrucción que corresponda, solicitando la investigación de posibles ilícitos penales.