Los constantes siniestros viales acaecidos en el Valle de Traslasierra siguen derivando en tragedias personales y graves daños patrimoniales.
Desde un largo tiempo a esta parte, El Ciudadano viene exponiendo esta situación que, como se ha manifestado en más de una ocasión, “debería actualizar el debate público y la preocupación de la ciudadanía, al tratarse de un fenómeno ante la cual los organismos competentes y la sociedad no logran encontrarle soluciones definitivas”.
Todas las semanas, los informes policiales dan cuenta de diversos siniestros viales y de a montones, a tal punto que ya han sido naturalizados como comunes a la vida en sociedad.
Eventualmente, ocurren pérdidas de vidas humanas que enlutan a familias enteras, como ha sido el caso del siniestro vial que tuvo como protagonista a Oscar González, en el cual falleció Alejandra Bengoa y tiene con secuelas a las adolescentes Marina y Alexa, hoy en estado de paraplejia.
En menor gravedad, se registran otros tipos de hechos que derivan en lesiones leves o, en el mejor de los casos, terminan solamente con roturas materiales.
La situación es preocupante, no sólo por la repetición dramática de los sucesos, sino porque estos ocurren en lugares donde ya tuvieron lugar otros siniestros y por causas totalmente evitables.
Sumado a ello, ocurre que el exponencial aumento de la cantidad de rodados -colectivos, transporte de cargas, autos, motos y bicicletas- hace quedar pequeña a la infraestructura vial actual.
Pero por si fuera poco, se cuela en esta temática la emisión deliberada de carnets de conducir en localidades que no integran la red de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT), otorgando licencias a personas que no están en condiciones de manejar por quita de puntos al haberse comportado de forma temeraria al volante.
Un claro ejemplo de ello es el del Municipio de Las Tapias y la licencia emitida a González.
Las crónicas periodísticas vienen reflejado un complejo cóctel de imprudencia de los conductores, exceso de velocidad, un mínimo nivel de medidas de seguridad vial, la circulación de vehículos en mal estado, un desconocimiento de las reglas básicas de la convivencia social y la falta de respeto por el otro, en definitiva por la vida misma.
Y, contextualizando este fenómeno, surge la impunidad que brinda el poder y/o el amiguismo, del cual varios encumbrados se aprovechan para infringir normas de forma consuetudinaria y evitar la aplicación de sanciones, al igual que el pago de multas.
Es necesario asumir que la inseguridad vial es un grave problema a resolver, una cuestión de Estado, un desafío de conciencia, un llamado moral a cada vecino con el compromiso público. Constituye asimismo un desafío en materia de educación vial y un espacio en el cual la Justicia debe actuar de forma implacable, sin temores.
Si se toma cabal conciencia de ello, las tragedias viales podrían empezar a evitarse, para no tener que lamentar más víctimas a futuro.