Las universidades públicas de todo el país convocaron a una marcha “en defensa de la educación pública” en contra de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Incluso la ciudad de Villa Dolores concentró a manifestantes que marcharon desde Plaza Mitre hasta la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield, por ser una institución emblemática de la educación pública, para luego regresar al principal paseo público de la ciudad.
En la capital del Departamento San Javier, los vecinos reclamaron exigiendo «fondos para la educación y dignidad para el sistema educativo».
Ahora bien, ¿por qué motivo protesta el amplio abanico de universidades y diversas organizaciones y actores sociales de todo el país? Pues el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide:
• Incrementar los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario.
• Actualizar los salarios de docentes y no docentes.
• Dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas.
• Garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.
La postura de Nación
En este contexto, el presidente Milei presentó diferencias con la educación en múltiples ocasiones y ordenó, bajo el lema “la educación pública es un derecho; auditar es una obligación”, contrarrestar argumentos del CIN sobre el desfinanciamiento del sistema universitario público.
Lo hizo con un comunicado del Ministerio de Capital Humano, del que depende el área de Educación, en el que informó que esta semana les transfirieron a las 65 universidades públicas poco más de $21.888 millones.
No obstante, el reclamo universitario sigue vigente y tiende a convertirse en uno de los espacios de mayor resistencia a las políticas de ajuste emanadas desde la Nación.