Las Malvinas estuvieron bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los instrumentos internacionales que delimitaron el «Nuevo Mundo», poco después de 1492.

Entre 1767 y 1811 hubo 32 gobernadores españoles en las islas hasta que, en el marco del proceso de independencia, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas continuaron con el ejercicio de soberanía y la administración de las Islas Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados.

El 6 de noviembre de 1820, el coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión oficial del archipiélago en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando por primera vez la bandera argentina.

El Gobierno argentino dictó normas y estableció las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, fomentando actividades comerciales y el establecimiento de población.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el 10 de junio de 1829, la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

El 3 de enero de 1833, ese ejercicio soberano fue interrumpido ilegalmente por Gran Bretaña, y desde entonces, subsiste una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino, tal como fuera reconocida por la Asamblea General de las ONU mediante la resolución 2065 (XX).

Esta resolución, adoptada en 1965 sin votos en contra, llama a la comunidad internacional a proceder «sin demora” a negociaciones bilaterales “que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas».

«El Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios toda vez que la Argentina no representa ninguna una amenaza para el Reino Unido», expresó este martes la Cancillería.

• Télam