El deterioro de los salarios, la disparada de la inflación, la suspensión de la Ley de Movilidad y de los créditos de ANSES afectan de lleno a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Desde la oficina de la Defensoría de la Tercera Edad aseguran que en enero de 2024, más de 8 millones de jubilados se encuentran bajo la línea de indigencia.
Pese a que el Gobierno anunció que entregará una suma extra de $55 mil para los haberes mínimos, esto no ayuda a quienes cobran el monto más bajo de la escala para alcanzar el valor de la canasta básica alimentaria.
La inflación mensual en torno al 30%, la liberación de tarifas, la suspensión de la Ley de Movilidad y de los créditos de ANSES, sumado a la reducción del 0,4% del PBI en el presupuesto destinado a la seguridad social, generaron un fuerte impacto en el sector pasivo en las últimas semanas.
Según publica el diario Perfil, con el bono de enero, un jubilado que cobra la mínima tendrá en sus bolsillos $160 mil pesos, poco más de la mitad de la canasta básica que la Defensoría de la Tercera Edad calculó para octubre, sin contar la inflación del 12,8% en noviembre, un 30% en diciembre y enero que sería aún mayor.
“Tenemos 8 millones de jubilados que no están bajo la línea de pobreza, están bajo la línea de indigencia”, afirmó Eugenio Semino, titular de la Defensoría, en diálogo con el medio.
El Gobierno anunció la decisión de “otorgar una ayuda económica previsional por un monto máximo de $55 mil para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $105.712,61”.
El bono será inferior para quienes cobren un poco más de ese monto, pero siempre hasta alcanzar el tope de $160.712,61. También anunciaron un complemento adicional de $22.207 para los jubilados que cobran haberes mínimos que no hayan necesitado moratoria para jubilarse y que cuenten con más de 30 años de aportes efectivos.
Además, la Ley Ómnibus enviada por el Gobierno al Congreso prevé la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria y que los aumentos sean determinados por el Ejecutivo hasta que la norma se reemplace.
“La gente se está muriendo, no se puede apelar a que los ayude la familia, la familia también está en crisis”, justipreció Semino en declaraciones a Perfil.