El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó la liberación bajo condiciones del exlegislador cordobés en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. La medida se hará efectiva tras el cumplimiento de una caución millonaria.
La Justicia federal dispuso la excarcelación del exlegislador provincial Oscar González en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. La resolución fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba.
El magistrado hizo lugar al pedido de la defensa, pese a la oposición del fiscal federal Maximiliano Hairabedián, quien había advertido sobre la persistencia de riesgos procesales. Sin embargo, el juez consideró que el estado actual de la causa permite sustituir el arresto domiciliario por medidas alternativas.
En su resolución, Vaca Narvaja subrayó que la prisión preventiva debe ser excepcional y que rige el principio de inocencia durante todo el proceso penal. En ese sentido, sostuvo que la gravedad de la pena en expectativa no es suficiente para justificar la continuidad de la detención.
La investigación presenta avances relevantes, especialmente tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que había revocado el procesamiento anterior al señalar la falta de una pericia contable clave. Ese estudio, actualmente en elaboración por peritos de la Corte Suprema, será determinante para definir el futuro del expediente.
El juez evaluó que no existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación ni peligro de fuga, por lo que resolvió otorgar la libertad bajo caución.
Como condiciones, González deberá presentarse mensualmente ante el juzgado, no podrá salir del país sin autorización judicial y continuará con el pasaporte retenido. Además, deberá comprometerse formalmente a no obstaculizar la causa.
La excarcelación se hará efectiva una vez que el imputado deposite una caución de 200 millones de pesos. El fallo advierte que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación inmediata del beneficio.