Una mujer fue condenada en los Tribunales de Villa Dolores por defraudar a un hombre con discapacidad intelectual y apropiarse de una vivienda en Chancaní. La Justicia la halló culpable de circunvención de incapaces, ordenó la restitución del inmueble y fijó una pena de prisión condicional.
Una causa judicial de fuerte impacto social tuvo su desenlace en los Tribunales de Villa Dolores, donde una mujer fue condenada por haberse aprovechado de la discapacidad intelectual de un hombre para quedarse con una vivienda ubicada en Chancaní, departamento Pocho. El fallo expuso con crudeza una maniobra de engaño sostenida en el tiempo y validó la responsabilidad penal de la imputada.
Según informó el portal La Otra Mirada, la condenada es Roxana Elizabeth Godoy, de 55 años, oriunda de Córdoba Capital, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de defraudación por circunvención de incapaces. El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Villa Dolores.
La investigación permitió reconstruir que el 1 de febrero de 2017, Godoy se presentó junto a la víctima, Ricardo Montoya, en un destacamento policial de barrio Ardiles, donde logró que el hombre firmara un supuesto contrato de cesión de derechos posesorios y de propiedad. Montoya padecía una discapacidad intelectual moderada que le impedía comprender el alcance de actos civiles, situación que fue aprovechada por la imputada para simular una operación inmobiliaria inexistente.
El inmueble había sido cedido para su uso a Montoya por sus tías, legítimas herederas de la propietaria original. Tras advertir la maniobra, las hermanas, de apellido Tapia, denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Fiscal, lo que dio inicio a la causa instruida por la fiscal María Ferreyra, quien acreditó que el contrato era jurídicamente inválido al no haberse realizado ante escribano público.
Finalmente, el juez Carlos Escudero dictó sentencia, impuso tareas comunitarias por 150 horas y ordenó la restitución del inmueble, disponiendo la reposición del inmueble al estado anterior. El fallo sentó un precedente relevante en la protección judicial de personas en situación de vulnerabilidad.