La presentación formal fue realizada por dos de los damnificados, con el patrocinio del abogado Christian Casas Cassataro. Los acusan de estafa, abandono de persona y amenazas.
En el día de ayer se formalizó ante la Justicia una denuncia penal contra Sergio Arroyo, titular de la agencia «Gus Travel», por los presuntos delitos de estafa, abandono de persona y amenazas, en el marco del escándalo que involucró a 44 turistas de Villa Dolores, Villa de Las Rosas y Merlo que quedaron varados en Camboriú, Brasil, sin alojamiento, comida ni asistencia médica.
La presentación fue firmada por dos de los damnificados, de apellido López y Valenti, bajo el patrocinio del abogado Christian Casas Cassataro, quien confirmó que la denuncia apunta directamente a Arroyo como único responsable de los hechos. Según consta en el escrito judicial, al arribar a Camboriú los turistas descubrieron que el depósito correspondiente al hospedaje contratado nunca había sido efectuado por la agencia, al igual que otros servicios del paquete que incluía media pensión y transporte ida y vuelta por un total de 590 dólares por persona.
La situación dejó a los viajeros –entre ellos adultos mayores y personas con problemas de salud– en la vía pública, sin techo, alimentos, seguro médico ni cobertura ante emergencias. Varias personas debieron ser hospitalizadas en centros de salud brasileños por cuadros de preinfarto o falta de medicación. Los denunciantes aseguran que pasaron días en situación de calle, a la espera de una solución que finalmente llegó por intervención del intendente de Villa de Las Rosas, Javier Oviedo, y del legislador departamental Enrique Rébora, quienes habrían aportado cerca de 2 millones de pesos para costear el combustible del regreso hasta Córdoba, y el alquiler de un transporte diferencial hasta Traslasierra.
“Esperamos la asignación del número de causa en las próximas horas o días para avanzar con la citación de alrededor de 40 testigos, que podrán acreditar lo ocurrido y reclamar justicia”, expresó el Dr. Casas Cassataro.
La denuncia busca que la fiscalía actúe con celeridad ante un hecho que aseguran no sólo significó una estafa económica, sino también un riesgo real para la integridad física y emocional de los damnificados.