Es estratégico para una nación contar con empresas públicas sólidas, eficientes y que satisfagan las necesidades para las cuales han sido creadas. Sin embargo, es usual que estos entornos estén impregnados de desidia y acomodos políticos que tiene como consecuencia directa una gestión deficitaria.
En este marco existe la política de subsidios, que cuando son bien entendidos y administrados pueden tener un impacto altamente positivo; pero, la realidad indica que esto generalmente no ocurre.
La práctica de los subsidios a las empresas públicas ha llegado al extremo en Argentina, a tal punto que son superiores a lo que se invierte en la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar, planes claves para la infancia.
De acuerdo a un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en el Presupuesto 2023 se identifican 33 empresas de propiedad del Estado, de las cuales 24, por ser deficitarias, demandan subsidios del Tesoro.
Además del déficit financiero, muchas de ellas gozan de privilegios tributarios y regulatorios que les permiten eludir la competencia y/o distorsionar el mercado en su favor.
Considerando sólo el aspecto financiero en base al Presupuesto 2023, se observa que los subsidios a las empresas públicas ascenderán a 1,2% del PBI en el 2023; mientras que a la Asignación Universal por Hijo (AUH) se le asignará un 0,5% del PBI y al Programa Alimentar se destinará un 0,3% del PBI.
Estos datos difundidos por IDESA muestran la dimensión de los déficits de las empresas del Estado y que se destinan más recursos éstas que a los hogares pobres donde viven más de la mitad de los niños en Argentina.
“La magnitud y regresividad quedan plasmadas en el hecho de que se va a gastar más en sostener a las empresas públicas que en el desarrollo de la infancia en situación de vulnerabilidad social”, afirma con tino IDESA.
Argentina atraviesa una seria aceleración de la inflación con pobreza, que tienen como raíces a las malas políticas. Para morigerar el descalabro económico se debe empezar por ordenar el Estado, lo que no quiere decir acabar con él, ni mucho menos encarar una política privatizadora.
Todo lo contrario, es vital robustecer al sector público a través de una mejor organización, que a su vez permita alcanzar un equilibrio fiscal sustentable y una mayor eficiencia en los servicios que se le brinda a la población. Suena, lamentablemente, a utopía…
• El Ciudadano