Un excomisario mayor de la Departamental San Alberto fue condenado a dos años de prisión en ejecución condicional tras un juicio abreviado en la Cámara del Crimen de Villa Dolores. Se lo encontró penalmente responsable de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas en concurso real.
Los hechos ocurrieron entre enero de 2020 y abril de 2021 en Villa Cura Brochero. Durante ese período, el acusado, Alberto Rolando Altamirano, de 65 años y sin antecedentes penales, amenazó de muerte a su esposa e hija con expresiones intimidantes como: «Las voy a cagar matando… les voy a pegar un tiro… yo iré preso dos años pero ustedes van a estar bajo tierra». Además, el exfuncionario policial las agredió físicamente en su propio domicilio, lo que derivó en una denuncia investigada por la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallaratto.
El juicio abreviado fue acordado entre la defensa del acusado y el fiscal de Cámara, Sergio Cuello, y posteriormente homologado por el vocal de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, Raúl Castro. La sentencia de dos años de prisión en ejecución condicional establece una serie de condiciones que Altamirano deberá cumplir para evitar el cumplimiento efectivo de la pena.
Entre las medidas impuestas, el condenado deberá realizar 50 horas de trabajo comunitario en una institución de bien público, según lo determine la entidad correspondiente. Además, se le ordenó someterse a un tratamiento médico-psicoterapéutico para abordar su problema de violencia familiar y de género.
Asimismo, durante los próximos tres años, Altamirano deberá fijar residencia ante el Tribunal sin posibilidad de mudanza sin autorización, presentarse mensualmente ante el Juzgado de Ejecución de Villa Dolores, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de alcohol, y no acercarse a menos de 300 metros de sus víctimas. Además, será supervisado por la Dirección del Patronato de Liberados y estará sujeto a revisiones periódicas para evaluar su cumplimiento de las medidas impuestas.
El caso reaviva el debate sobre la violencia de género y el rol de las instituciones en la protección de las víctimas, destacando la importancia de la denuncia y la intervención judicial en estos casos. La sentencia impuesta busca no solo sancionar el delito, sino también establecer un proceso de rehabilitación para el condenado.