El Concejo Deliberante de Villa Dolores aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión Investigadora con el objeto de indagar en cuestiones derivadas de la administración pública municipal, ante posibles irregularidades; y, en su caso, establecer las responsabilidades de los funcionarios intervinientes.
La iniciativa surgida del bloque de Hacemos por Córdoba obtuvo el apoyo del pleno legislativo y apunta directamente a la responsabilidad que hubiera tenido la intendenta Gloria Pereyra en el proceso de indemnización de dos empleados municipales que fallecieron en una obra pública: Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano.
“Nuestro bloque ha recibido documentación en copia relacionada con la obra sobre calle Arzobispo Castellano, entre calles General Paz y Belgrano, en la cual en el año 2019 fallecieron dos operarios municipales, causa que fuera judicializada. Es nuestro deber como funcionarios investigar, recabar información y hasta denunciar cuando se toma conocimiento de irregularidades o ilicitudes. En el caso particular, en caso de constatarse los extremos que nos ocupan, estaremos ante hechos de altísima gravedad institucional que sin lugar a dudas incurrirá en el fuero judicial”, trazó el concejal Tomás Gragera.
El edil explicó que existen dos acuerdos de pago entre la Municipalidad de Villa Dolores y el Grupo Sancor Seguros, rubricados por la intendenta Pereyra, el secretario de Finanzas Juan Pablo Sastre y el asesor letrado Matías Stumpf, en representación del Municipio; y Adrián Monetti, en su carácter de gerente de recuperos de la aseguradora.
En los acuerdos, la Municipalidad compromete el pago a la aseguradora de $7.117.195 y $8.095.517 por indemnizaciones a los fallecidos Romero y Altamirano, respectivamente. El interrogante que se presenta es el siguiente: ¿Por qué el Poder Ejecutivo abonó tales sumas al Grupo Sancor Seguros?
Pues bien, de acuerdo a lo tratado en el parlamento local, el Municipio habría omitido declarar la contratación de los trabajadores a la aseguradora, consecuentemente estos no habrían estado cubiertos con el correspondiente seguro por riesgos de trabajo. A pesar de ello, el Grupo Sancor Seguros habría procedido a efectuar las indemnizaciones. Pero al advertir tal presunta irregularidad, la firma habría procedido a reclamar a la administración municipal la recomposición dineraria por el pago de estas compensaciones por fallecimiento.
En base a la documentación que manejan los concejales, el Municipio efectuó el pago a la aseguradora estableciendo una cláusula de confidencialidad, cuestión que para los ediles supone otra irregularidad, al no respetarse el “principio la publicidad de los actos de gobierno”, añadió el concejal Gragera.
Y, en este sentido, el edil marcó otro punto destacable: “Las partes pactaron la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, posiblemente para que ninguno de nosotros nos enteremos si esto llegara a juicio”.
Otra de las irregularidades que advierten los ediles en base a la documentación con la que cuentan, se vincula a los montos comprometidos a pagar por parte del Municipio al Grupo Sancor Seguros. Entienden que “por lo menos en uno de los acuerdos de pago (el superior a los $8 millones) debería haber sido sometido régimen de contratación vigente en Ordenanza de Presupuesto 2022”, teniendo su consecuente tratamiento en el Tribunal de Cuentas.
Además, según los fundamentos de la constitución de la Comisión Investigadora, los acuerdos entre las partes involucradas, “por la importancia social, económica e institucional” que implican, también “debieron haber sido remitidos al Concejo Deliberante para su tratamiento y eventual ratificación”.
En este marco, el pleno legislativo solicitó a Asesoría Letrada, a la Secretaría de Finanzas y al Departamento Ejecutivo, con plazo de 24 horas, que remita al Concejo Deliberante copia certificada y completa de los expedientes con la documentación que atañe a la temática. También se solicitó información documentada, en caso de que existiera, al Tribunal de Cuentas.
Cabe destacar que ante el eventual incumplimiento de brindar la información pública requerida en el plazo otorgado, la Comisión Investigadora instará la vía judicial para la consecución de tal fin.
“Llaman poderosamente la atención algunas cuestiones que se pueden ver en este acuerdo de pago. Si esto fuera así tenemos un gran trabajo por delante para tratar de echar luz sobre esta cuestión”, planteó el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Roberto Ribeiro.
Como reserva, en caso de no contar los concejales con la documentación en el tiempo requerido, el pleno legislativo determinó citar ante el parlamento dolorense a la intendenta municipal o al secretario que ella designe con el objeto de dilucidar la situación.