La diputada nacional Mónica Macha presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración de interés sobre el caso de Maxim Tabari, mujer trans que fuera gravemente herida el 29 de abril de 2013 y que hoy, tras 10 años de exigir justicia, atraviesa un proceso judicial en el cual se juzga al autor material de las lesiones recibidas.
Maxim es de Villa Sarmiento y a sus 19 años fue gravemente golpeada mientras dormía, violencia por la cual a la fecha mantiene tratamientos médicos debido a las secuelas que el hecho produjo, según sostiene su entorno.
“Hace prácticamente 10 años que radicó la correspondiente denuncia y desde entonces gracias a su búsqueda incansable de justicia y el apoyo de organizaciones LBTI y de DDHH, enfrentó al Poder Judicial para que efectivamente de tratamiento a su causa y se reconozca que la violencia que se ejerce contra las personas trans se basa en un odio específico basado en su identidad de género”, valora la diputada.
En lo que atañe, Macha subraya: “Las situaciones que enfrentó Maxim tanto en el hecho de violencia como en el acceso a la justicia, al igual que muchas otras personas del colectivo trans y travesti, dan cuenta de que la violencia que se ejerce contra ese colectivo, es estructural -en tanto atraviesa toda las estructuras e instituciones sociales- y sistemática, es decir persistente y recurrente en todo tiempo y lugar”.
“Esta violencia, en los casos de extrema expresión, concluye en crímenes de odio como lo son los transfemicidios, travesticidios y transhomicidios, como fuera el travesticidio de la activista Diana Sacayán (2015) o el de Melody Barrera (2020). Estos caso como muchos otros, fueron enmarcados en el odio hacia las identidades de género específicas que encarnas las personas del colectivo trans y travesti”, añadió.
La parlamentaria considera que es necesario reflexionar y modificar las condiciones que como sociedad se producen, admiten y hasta fomentan para que las personas trans y travestis deban enfrentar vulneraciones a sus derechos y un alto índice de violencia, que se cristaliza en un promedio de vida que se reduce a 35 a 40 años en la región.
“Estos hechos están fuertemente fundados en el odio específico a sus identidades de género. La Cámara Diputados debe mantener el compromiso irrenunciable con la modificación de esas estructuras que precarizan e imposibilitan el despliegue de la vida de las personas trans y travesti”, fundamenta la diputada.
Macha advierte que casos como el de Maxim, se inscriben en una extensa lista y tradición de lucha por la que estas comunidades han transitado y continúan transitado, “en una sociedad que distribuye desigualmente accesos y derechos, pero también prejuicios”.
En este sentido, concluyó: “El sesgado acceso a la justicia, la dilación en el tratamiento de investigaciones y causas que tienen como víctimas a personas trans y travestis, es la clara expresión de que sus vidas, en nuestra sociedad, continúan pensándose y produciéndose bajo el estigma, la discriminación y la degradación de una humanidad que nos demanda protección y acompañamiento”.
El imputado en el caso es Matías Farías, a quien se le achaca el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, con alevosía y con el agravante de la participación de un menor de edad que habría formado parte del hecho y que se encuentra prófugo.