La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra elevó sendas notas a instituciones de la Provincia y de la Nación consultando si la Cámara del Crimen de Tribunales de Villa Dolores no estaba incurriendo en una irregularidad al no permitir el acceso del público y de la víctima, a las audiencias del juicio por “transodio” que comenzó el 13 de marzo pasado.
En respuesta llegó una nota del director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, solicitando a la Cámara del Crimen de Villa Dolores que “se tomen las medidas pertinentes para garantizar la asistencia a la audiencia del público en general, así como de las organizaciones de derechos humanos en particular”.
Según indica la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, “el pedido se funda principalmente en la necesidad de garantizar el acceso de las partes a las audiencias orales, la publicidad del juicio y el derecho a la información pública, lo que ya ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y al derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan conforme lo previsto en los artículos 14, 16, 33, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional”.
Como es de público conocimiento, el caso se vincula con la brutal agresión sufrida, en abril de 2013, por Maxim Tabari: esta mujer trans fue gravemente herida con un objeto contundente por dos varones en Villa Sarmiento, mientras dormía en su propia cama y casa. Casi 10 años después, el juicio se desarrolla con un único imputado, Matías Farías, encontrándose prófugo el agresor restante.