El 30 de marzo de este año, el Concejo Deliberante de Villa Dolores, presidido por el Dr. Roberto Ribeiro, aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión Investigadora con el objeto de dilucidar la responsabilidad que hubiera tenido la intendenta Gloria Pereyra en el proceso de indemnización de Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano, dos operarios municipales que fallecieron en una obra pública de desagües en 2019.
El pleno legislativo tomó tal determinación al entender que podrían existir tres irregularidades: los operarios municipales no contaban con seguro, sin embargo, una Aseguradora de Riegos de Trabajo habría pagado indemnizaciones; el Departamento Ejecutivo habría acordado confidencialmente restituir el dinero de las compensaciones por fallecimiento al seguro, no respetando el principio de publicidad de los actos de gobierno; y los pagos efectuados por el Municipio al seguro habrían superado el régimen de contratación directa, sin ser girados por el Departamento Ejecutivo al Tribunal de Cuentas ni al Concejo Deliberante.
Tras dos meses de investigación, los concejales Tomás Gragera, Christian Casas Cassataro, Luciana Mica y Carlos Jazni presentaron para su tratamiento sobre tablas el dictamen del bloque Alianza Unión por Córdoba, en el cual concluyen que hubo irregularidades en la indemnización de los fallecidos.
Argumentos
Según expuso el edil Gragera en representación de la minoría, los “dos acuerdos de pagos efectuados existen, están plenamente vigentes, y tienen cláusulas de confidencialidad en clara violación al artículo 14 de la Carta Orgánica”.
De acuerdo a lo informado en el recinto, en ambos acuerdos “confidenciales”, la Municipalidad representada por la intendenta Pereyra, el asesor letrado Matías Stumpf y el secretario de Finanzas Públicas Juan Pablo Sastre, “reconoce la omisión de haber denunciado como trabajadores ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo a los dos agentes que fallecieron en la obra municipal de calle Arzobispo Castellano”.
Además, según expuso Gragera, “existen y son vigentes los decretos del Ejecutivo Municipal ordenando el pago de los montos de los acuerdos ‘confidenciales’: uno referido a los derechohabientes de Romero y sus abogados, de $7.117.195, causa que fue judicializada; y otro referido a los derechohabientes de Altamirano, de $8.095.517, acordada por documento formulado por escritura pública”.
“Estas órdenes de pago no han sido aprobadas, ya que jamás fueron enviadas al Tribunal de Cuentas, en clara violación al artículo 117 de la Carta Orgánica”, planteó la minoría.
Por ambos acuerdos “confidenciales”, Gragera detalló que “se libraron los correspondientes cheques y han sido cobrados por los beneficiarios herederos de los agentes municipales fallecidos y sus abogados, (los cheques han sido retirados por los beneficiarios), todo ello sin control previo ni posterior por el Tribunal de Cuentas, eludiendo flagrantemente el control legal del gasto público, atribución exclusiva y excluyente del Tribunal de Cuentas de acuerdo al artículo 119 de la Carta Orgánica”.
Dictamen
El dictamen de la minoría en el marco de la Comisión Investigadora, concluye que existe “responsabilidad de la intendenta, asesor letrado y secretario de Finanzas Públicas, violando a prima facie los artículos 14, 117 y 119 de la Carta Orgánica y la Ordenanza N° 2789/22 de Presupuesto, que establece el Régimen de Contratación, y por haber realizado pagos sin cumplir el procedimiento de ley para el control legal del gasto público”.
Cabe destacar que no tiene la Comisión Investigadora, ni el cuerpo legislativo, la jurisdictio: facultad persecutoria para determinar con grado de certeza la autoría de un delito, que es exclusiva y excluyente del Poder Judicial.
A cuarto intermedio
La minoría mocionó la aprobación del dictamen y del respectivo proyecto de resolución. Ante esto, el bloque oficialista de la mayoría se opuso plenamente al dictamen argumentando no haber participado en su confección y solicitó un cuarto intermedio para exponer sus argumentos.
El pedido del otorgamiento de un plazo de tiempo para presentar las disidencias, fue aprobado por unanimidad: tiene como fecha tope el martes 6 de junio a las 10.30 horas. Los argumentos deberán ser presentados por escrito para ser incorporados al expediente de investigación administrativa.