Una jueza de Carlos Paz responsabilizó al Estado provincial por la paralización durante 17 años de la causa por abuso sexual contra su hijastra. La sentencia quedó firme y, entre indemnización y honorarios, el monto a pagar supera los $120 millones.
La Provincia de Córdoba deberá afrontar una indemnización de $59,8 millones a María Antonella Ricci, víctima de abuso sexual, luego de que una jueza determinara que existió una falta de servicio por la prolongada paralización de la investigación judicial.
La decisión fue adoptada por Viviana Rodríguez, titular del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Segunda Nominación de Carlos Paz. La magistrada hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Ricci y atribuyó responsabilidad objetiva al Estado por el funcionamiento irregular de la Justicia en Villa Dolores.
Según surge de la sentencia, la denuncia había sido iniciada en marzo de 2005, cuando la víctima tenía 14 años. La investigación permaneció paralizada hasta 2022, cuando fue reactivada por la fiscal María Eugenia Ferreyra.
El proceso penal concluyó en mayo de 2024 con la condena de Roberto Clavero a 28 años de prisión y de Analía Montenegro, madre de Ricci y pareja de Clavero, a 16 años.
En su resolución, Rodríguez consideró que los operadores judiciales incumplieron el deber de brindar una respuesta eficaz y oportuna a una persona vulnerable. Para la magistrada, los 17 años de inactividad constituyeron un dato objetivo que permitió establecer la responsabilidad estatal bajo la figura de la “falta de servicio”.
El fallo también tomó como referencia estándares internacionales vinculados con el acceso a la Justicia y el plazo razonable.
La jueza fijó $59.800.000 por daño moral y rechazó otros rubros vinculados con daño psíquico y tratamiento futuro, al considerar que ya habían sido contemplados en la condena penal.
A esa suma se agregan los honorarios profesionales. Los abogados de Ricci, Germán Romero Marcón y Emiliano Binante, recibirán en conjunto $36,4 millones. Para los representantes legales de la Provincia se establecieron honorarios por $22,9 millones.
De este modo, la suma total entre indemnización y honorarios supera los $120 millones. Al haber quedado firme la sentencia, los montos deberán ser ejecutados.
El caso también tiene una derivación vinculada con la actuación de fiscales que intervinieron durante el período en que la investigación permaneció paralizada.