En Tribunales de Villa Dolores, comenzó el pasado lunes el juicio por abuso sexual y corrupción de menores que tiene como imputados al ex presidente de la CEMDO, Roberto Clavero, y a su ex pareja y madre de la víctima, Analía Montenegro.
Empezada la audiencia de instancia privada, se leyeron las acusaciones por las cuales se lleva a cabo la audiencia judicial. Posteriormente, la víctima Antonella Ricci brindó su testimonio sin la presencia de los acusados, por pedido especial realizado al Tribunal integrado por los jueces Santiago Camogli, Carlos Escudero y Facundo Gil.
En la ocasión, Antonella estuvo acompañada por tres personas que ella solicitó: una amiga y dos integrantes de la Comisión de la Memoria del Valle de Traslasierra, que la asistió durante la elevación de esta causa a juicio.
Según reveló la Comisión de la Memoria, la victima declaró por alrededor de cinco horas y hubo dos cuartos intermedios para posibilitar que pudiera proseguir con su testimonio. Luego de declarar Antonella, comenzaron las preguntas por parte de los abogados y la fiscal.
Por no ser públicas estas audiencias, diversas organizaciones acompañaron desde afuera de Tribunales: Asamblea Transfeminista, que realizó una intervención sobre abuso en las escalinatas de tribunales; la Coordinadora Traslasierra Sin Miedo, con un gran cartel que pide “condena ejemplar”; y referentes de organismos como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.
Clavero es defendido por el letrado Alejandro Pérez Moreno, mientras que Montenegro cuenta con los abogados Víctor Beracqua y Margarita Toscano. En tanto, Antonella es representada en la querella por German Romero Marcon y Emiliano Binante.
Esta causa que estuvo cajoneada más de 15 años y volvió a ver la luz en marzo de 2022, tras el empuje y voluntad de la propia víctima, quien asegura haber sido violada por el ex líder de la Agrupación Lealtad durante toda su infancia y adolescencia. La impunidad generó un amplio repudio en la sociedad local.
El otrora dirigente peronista se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N° 8 y está imputado por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, en tanto la condición que revestía al momento del delito, de guardador de una menor de edad; además, se lo acusa de promoción a la corrupción de menores.
Montenegro, por su parte, llega al juicio en libertad, estando imputada como partícipe necesaria de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por ser encargada de la guarda y por resultar un grave daño en la víctima.