Mientras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos continúa a la espera de una pericia contable, la Justicia federal también analiza las declaraciones juradas del exlegislador y el uso de un vehículo destinado a la función pública. El patrimonio detectado aparece como elemento bajo análisis.
La investigación sobre el patrimonio de Oscar González continúa abierta en la Justicia federal y tiene por delante una instancia que puede resultar determinante: una pericia contable destinada a establecer si existe correspondencia entre los ingresos que declaró durante sus años como funcionario público y los bienes que, según la pesquisa, estuvieron vinculados con su patrimonio.
El expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos es una de las tres causas que tienen al exlegislador bajo investigación en el fuero federal. Su recorrido procesal tuvo un giro cuando la Cámara Federal de Apelaciones revocó el procesamiento que pesaba sobre González y dispuso que, antes de avanzar hacia una nueva definición, se aguardara el resultado de un estudio contable integral.
La pericia deberá comparar los ingresos formales del exfuncionario con la evolución de sus bienes y permitir determinar si existe una explicación patrimonial compatible con esa relación.
Los bienes bajo la lupa
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián señaló recientemente que durante la investigación fueron identificados numerosos activos que habrían integrado el patrimonio de González. Entre ellos mencionó inmuebles, departamentos, casas, lotes de terrenos, vehículos y dinero en efectivo en dólares.
Uno de los aspectos que analiza la fiscalía son las diferencias que podrían existir entre esos bienes y los valores consignados en las declaraciones juradas presentadas por el exlegislador durante su paso por la función pública.
La investigación también contempla una hipótesis relacionada con la eventual transferencia de bienes a terceros. De acuerdo con lo señalado por Hairabedián, esa línea de análisis habría adquirido particular relevancia después del siniestro ocurrido en las Altas Cumbres en octubre de 2022.
En ese contexto, una declaración realizada por González ante la Justicia, en el marco del juicio por la tragedia vial en Villa Dolores, generó especial atención. El exlegislador manifestó que no posee bienes y que actualmente reside en una vivienda alquilada.
Para el fiscal, esa afirmación resulta llamativa frente a los elementos reunidos en el expediente. La situación patrimonial, precisamente, es uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación mediante la pericia contable.
A esto se suma un dato aportado por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, defensor de González en la causa provincial. Según indicó el letrado, una camioneta Audi modelo 2013 continúa registrada a nombre del exlegislador. El vehículo, de acuerdo, acumularía deudas impositivas superiores a los 700 mil pesos.
La existencia de ese rodado aparece así como otro elemento para considerar dentro del cuadro patrimonial que se encuentra bajo análisis, aunque la determinación de su relevancia jurídica corresponde a la investigación federal.
Una pericia que puede marcar el rumbo
La situación procesal de González en el expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos quedó supeditada al resultado de la pericia contable.
El objetivo del estudio será establecer, con documentación y análisis técnico, si los ingresos registrados durante sus años en la función pública permiten explicar el patrimonio atribuido al exlegislador. También deberá contemplar los bienes consignados oficialmente y aquellos que fueron detectados durante la pesquisa.
Hasta que ese trabajo concluya, la Justicia federal no cuenta con ese elemento técnico que la Cámara Federal consideró necesario para definir nuevamente la situación procesal de González.
La investigación, además, incluye una segunda causa relacionada con las declaraciones juradas. En ese expediente, el exlegislador se encuentra procesado por falsedad ideológica, a partir de presuntas omisiones e inexactitudes en sus presentaciones patrimoniales ante el Estado. La defensa apeló esa resolución y el planteo permanece bajo análisis de la Cámara Federal.
Hay una tercera investigación, vinculada con el uso de un vehículo judicializado que estaba destinado a la función legislativa. González había sido procesado inicialmente por la utilización particular del rodado en horarios ajenos a la actividad oficial, pero la Cámara Federal revocó esa medida.
En su resolución, el tribunal consideró que el ejercicio de la función legislativa no queda restringido a horarios determinados ni exclusivamente al ámbito del recinto.
Un expediente que sigue abierto
Mientras el proceso provincial por el siniestro de las Altas Cumbres registra en estos días su instancia de juicio oral, la investigación federal mantiene un recorrido diferente y todavía abierto. Su próximo punto de referencia será el resultado de la pericia contable.
Ese estudio deberá aportar elementos para determinar si el patrimonio atribuido a González guarda relación con sus ingresos declarados y contribuirá a definir los próximos pasos de una causa que, más allá de las resoluciones adoptadas hasta ahora, todavía no tiene una definición final sobre la situación patrimonial del exlegislador.