Entre 2015 y 2024 se registraron más de 100 mil denuncias por personas desaparecidas o extraviadas en el país. Aunque la mayoría de los casos se resuelve y no está relacionada con delitos, los registros oficiales revelan un aumento sostenido de las investigaciones vinculadas a hechos criminales.
Las desapariciones de personas suelen generar una fuerte repercusión pública, especialmente cuando existen sospechas de delitos o circunstancias poco claras. Sin embargo, detrás de los casos que alcanzan notoriedad mediática existe una realidad mucho más amplia y compleja que reflejan los registros oficiales.
Según datos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), entre enero de 2015 y diciembre de 2024 se contabilizaron 100.268 denuncias en todo el país. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, más de 58 mil casos figuran como resueltos.
No obstante, las autoridades reconocen que el porcentaje real podría ser mayor debido a dificultades administrativas y demoras en la actualización de los registros. En numerosas oportunidades, los hallazgos no son informados correctamente a todos los organismos que intervienen en la búsqueda.
Los especialistas coinciden en que la mayoría de las denuncias no está asociada a hechos criminales. Las ausencias suelen responder a conflictos familiares, fugas del hogar, problemas de salud, desorientación o situaciones accidentales.
Sin embargo, una de las tendencias que más atención genera es el crecimiento de los casos vinculados a delitos. Aunque representan una proporción reducida del total, las investigaciones relacionadas con trata de personas, secuestros, femicidios, abusos sexuales o violencia familiar muestran una participación cada vez mayor dentro de las estadísticas oficiales.
Los registros también reflejan cambios en los perfiles de las búsquedas. Si bien durante varios años los menores de edad concentraron más de la mitad de las denuncias, en la actualidad representan alrededor del 40 por ciento de los casos.
En cuanto a la distribución por género, las mujeres continúan siendo el grupo más frecuente en las intervenciones de búsqueda, seguidas por los varones. Las identidades no binarias mantienen una participación reducida pero sostenida dentro de las estadísticas.
A diez años de la creación de los sistemas nacionales de búsqueda coordinada, los datos permiten dimensionar una problemática que combina situaciones familiares, emergencias personales y, en una proporción menor aunque creciente, investigaciones asociadas a hechos delictivos que demandan una respuesta rápida de las autoridades.