La causa pasó a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje tras la oposición de las defensas. Se investiga el uso de certificados médicos apócrifos para justificar ausencias laborales.
La causa penal contra Georgina Ayelén Salazar Després, empleada del Poder Judicial de Villa Dolores, y su padre, el médico Rafael Ivar Salazar, dio un nuevo paso luego de que sus defensas apelaran la requisitoria de elevación a juicio.
Según consigna el portal La Otra Mirada, la presentación fue realizada ante el Juzgado de Control local, que ya había ratificado el requerimiento formulado por la fiscal María Ferreyra. Ante la oposición, el expediente fue girado a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje.
La investigación se originó tras detectarse la presunta falsificación de certificados médicos que justificaban inasistencias laborales de Salazar Després. Según la instrucción a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación, se habrían utilizado documentos con firmas falsas de un profesional de una clínica privada de Villa Dolores. Estos papeles eran luego presentados en la Superintendencia de Tribunales para validar ausencias.
La fiscal Ferreyra imputó a Salazar Després por los presuntos delitos de instigación a la falsificación de instrumento privado, falsificación de documento privado y como partícipe necesaria de defraudación calificada en perjuicio de la Administración Pública reiterada. Su padre, en tanto, enfrenta cargos por su presunta participación en la confección de los certificados.
A pesar del avance judicial, en base a La Otra Mirdada, Georgina Salazar Després continúa desempeñándose en el área de Asesoría Letrada del Palacio de Justicia de calle Sarmiento. Según fuentes del caso, entre las sanciones que podrían caberle figura la cesantía, dado que el perjuicio se habría ocasionado al propio Poder Judicial de Córdoba.
La Cámara del Crimen de Cruz del Eje deberá ahora decidir si confirma la elevación a juicio o si acepta los planteos defensivos. El caso, por su naturaleza institucional y la condición de los imputados, mantiene especial atención dentro del ámbito judicial regional.