Una empleada del Poder Judicial local y su padre fueron citados a juicio por su presunta participación en un caso de defraudación calificada contra la Administración Pública.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación, a cargo de la fiscal María Ferreyra, en una investigación que se originó tras una denuncia presentada por el delegado de la Superintendencia de Tribunales.
El disparador fue una advertencia emitida por la oficina de Medicina Legal, que detectó la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar ausencias laborales de la empleada en su puesto en la Asesoría Letrada del Palacio Judicial.
La acusada fue identificada como Georgina Salazar Després, quien enfrenta cargos por instigación a la falsificación de instrumentos privados y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, su padre, Rafael Ibar Salazar, fue imputado por falsificación de documento privado y por ser partícipe necesario del fraude.
Según consigna el portal La Otra Mirada, Salazar —médico de profesión— habría firmado certificados presentados de manera irregular ante la Superintendencia de Tribunales, en complicidad con su hija.
Este caso ha generado un fuerte impacto institucional y derivó en la apertura de un sumario administrativo que podría terminar con la cesantía de la empleada. Se espera que en el juicio se determine la responsabilidad penal de ambos acusados y la magnitud del perjuicio ocasionado.