Dos efectivos de la Policía de Córdoba, un comisario y un sargento de la Patrulla Rural, fueron detenidos tras vender presuntamente una motocicleta que estaba bajo custodia en calidad de depositario judicial. La moto fue decomisada durante un control en San Lorenzo y la investigación, liderada por la Fiscalía de Villa Cura Brochero, ha generado preocupación sobre la transparencia en la fuerza policial.
El 25 de octubre, un control vehicular de rutina en San Lorenzo, Departamento San Alberto, reveló una operación sospechosa. Agentes policiales detuvieron a un hombre que circulaba en una motocicleta previamente decomisada por la Justicia Federal. Al revisar los documentos, se constató que el rodado estaba asignado a un funcionario policial como depositario judicial. Sin embargo, el conductor afirmó haberla comprado a dos policías en actividad, lo que encendió las alarmas sobre un posible esquema de corrupción.
Graves cargos: Estafa, peculado y coacción
Según los avances de la investigación, a cargo de la fiscal Analía Gallarato, los dos policías habrían vendido ilegalmente la motocicleta a un civil. Ambos enfrentan cargos por estafa, peculado y coacción. El delito de peculado es especialmente relevante, ya que implica la apropiación indebida de bienes públicos, en este caso, un vehículo bajo custodia judicial. También se investiga si los efectivos coaccionaron al comprador para evitar denuncias.
Debilidades en el control de bienes judiciales
El hallazgo dejó al descubierto la fragilidad de los controles internos sobre los bienes entregados a la Policía como depositarios judiciales. Al decomisar la motocicleta, los agentes confirmaron que no sólo había sido retirada irregularmente del circuito oficial, sino que había terminado en manos de un particular ajeno a la institución.
Malestar social y demanda de transparencia
Hasta ahora, solo el Ministerio Público Fiscal emitió un breve comunicado. El silencio institucional ha generado incertidumbre en la comunidad, que reclama explicaciones y sanciones ejemplares. Vecinos temen que este episodio forme parte de una red de irregularidades encubiertas.
Este caso, que continúa bajo investigación, podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la Policía de Córdoba y la comunidad de Traslasierra, poniendo bajo la lupa los controles internos para evitar futuros episodios de corrupción.