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Proponen penas de hasta 20 años de prisión por incendios intencionales

En un contexto de creciente preocupación por los incendios forestales, diputados cordobeses presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra quienes inicien fuegos de manera intencional. La iniciativa, impulsada por Juan Brügge e Ignacio García Aresca, propone modificar dos artículos del Código Penal, aumentando las penas de 4 a 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los daños.

El proyecto surge ante las drásticas consecuencias de los incendios, muchos de ellos provocados por la acción irresponsable de personas. “Este proyecto tiene por objeto agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública producidos por incendios, modificando la escala penal en sus mínimos y máximos”, explicaron los legisladores. Las penas serán más severas si el fuego afecta bienes públicos o privados, la naturaleza, o si resulta en lesiones graves o la muerte de personas.

La modificación del artículo 186 del Código Penal endurecerá las sanciones para quienes causen incendios, explosiones o inundaciones. Las penas oscilarán entre los 4 y 10 años de prisión si se afecta el patrimonio común, y de 5 a 12 años en casos de destrucción de cultivos, bosques o ganado. En situaciones en las que se ponga en peligro la vida humana, la pena será de entre 5 y 15 años, y hasta 20 años si el incendio resulta en la muerte de una persona.

Además, el proyecto contempla la modificación del artículo 189, que regula los incendios causados por negligencia o imprudencia, con penas de hasta 8 años si el hecho provoca la muerte.

La propuesta también incluye una campaña de concientización sobre la prevención de incendios, que será difundida por medios masivos nacionales y provinciales durante todo el año.

En este marco, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha destacado la necesidad de medidas más estrictas para combatir un problema que afecta tanto a las personas como a las economías regionales.

Con este proyecto, los legisladores buscan poner fin a una problemática que desde hace años afecta a distintas regiones del país, con incendios que podrían haber sido evitados mediante acciones más responsables.