Cuando ya pasaron más de siete meses del choque mortal protagonizado por el dirigente de Hacemos por Córdoba, Oscar González, en el Camino de las Altas Cumbres, la camioneta BMW X1 que manejaba fue trasladada hasta el concesionario oficial de la marca alemana en la ciudad de Córdoba, donde le iban a realizar las pericias correspondientes.
En el marco de las pericias mecánicas pedidas por los abogados querellantes, había que conectar un dispositivo a la computadora de abordo del vehículo para intentar determinar la velocidad a la que se conducía y otros datos de interés para la investigación.
En ese sentido, Emiliano Binante, uno de los abogados representantes de las víctimas, expresó al portal Cba24n que la expectativa estaba centrada en que no se hayan alterado los datos de la computadora.
Sin embargo, en base a la información, se confirmó que la pericia no se pudo llevar a cabo porque la empresa no tenía el software adecuado y la Fiscalía no autorizó la utilización de los métodos ofrecidos por los peritos de la querella para realizarlo.
Según detalla Cba24n, la querella espera continuar sumando pruebas y aguardan que las pericias ratifiquen lo sostenido por las víctimas, en el sentido de que Eel impacto se produjo a alta velocidad y dentro del carril que conducía Alejandra Bengoa”.
Derechos Humanos
En lo que atañe, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra consideró que por este tipo de cuestiones se solicitaba la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya que “sabría qué hacer en cada caso”. Pero este requerimiento fue denegado por la Justicia.
Así las cosas, la organización se pregunta: “¿Cuánto tiempo más demorará encontrar a quien tenga el software dentro de Argentina para que se recojan los datos que permitirían avanzar en la investigación? ¿Debemos pensar que no hay intencionalidad en transportar un vehículo hasta un lugar sin previo aviso de para qué se llevaba? ¿La agencia de BMW fue notificada previamente? Sabiendo para qué se llevaba el vehículo: ¿no anticipó que no tenía la tecnología? ¿Es posible que el poder judicial que instruye esta causa no se interiorice con anticipación sobre una pericia semejante y quien puede llevarla a cabo?”.
“Ocho meses para que suceda esto, en lo que entendemos es prueba fundamental. ¿Quién puede dudar que recién encuentren el software adecuado en un tiempo similar? Y mientras tanto la familia recibe esta inoperancia como una nueva falta de respeto, porque ya es muy evidente que el poder político tiene injerencia en el ritmo que lleva la causa”, fustigó Derechos Humanos.