Los delegados electos en las últimas asambleas primarias de la CEMDO enviaron una misiva al Consejo de Administración de la Cooperativa para informar que el martes 25 de abril se remitió a la Sindicatura carta documento, firmada por José Miguel Fernández, Miriam Graciela Ribba y Eduardo Aníbal Olmedo, con la finalidad de que se proceda a la realización de la asamblea ordinaria para elección de nuevas autoridades.
En concreto, se intima y emplaza al Consejo de Administración a que en el plazo perentorio y fatal de 30 días, otorgado por la Sub Secretaria de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, se proceda a la celebración de la instancia institucional democrática, previa convocatoria.
Entre los fundamentos, se destaca Resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del 1 de marzo de 2023 sobre la asamblea primaria, mediante la cual el órgano nacional indica que no corresponde impugnación, ni nulidad de ésta, ni el dictado de cautelar administrativa.
“No existen impedimentos para que se convoque y se realice la asamblea ordinaria”, argumentan los delegados, al tiempo que subrayan: “La conducta de la autoridades de la CEMDO, tanto del Consejo de Administración como de la Sindicatura, a esta altura de los acontecimientos atenta contra el normal funcionamiento de la vida institucional”.
En este marco, resaltan que el acto eleccionario como el desarrollo de la asamblea primaria en todos los distritos fue absoluta y totalmente regular: “Se realizó con alta participación de los asociados y de manera ordenada” y “sin formularse ninguna observación”.
En la carta documento enviada a la Sindicatura, precisan que “no hay impedimento alguno para la convocatoria a la que ahora ha sido intimada” la Cooperativa por la Sub Secretaria de Cooperativas y Mutuales, “cuya atribución es natural y ha sido ratificada por el INAES”.
En lo que atañe, indican que “las autoridades de la CEMDO persisten injustificadamente en la dilación a la convocatoria a asamblea ordinaria, pues no hay razón ni motivo para continuar sin hacerlo”.
En caso de no cumplirse con la intimación, los delegados advierten en la carta documento que se verán en la necesidad de interponer formal denuncia penal por los delitos que el incumplimiento produjera, al tiempo que hacen reserva de los daños y perjuicios de la inacción.