El Concejo Deliberante de Villa Dolores resolvió por mayoría solicitar la concurrencia de la intendenta Gloria Pereyra al parlamento local para el próximo jueves 20 de abril, con el objeto de que responda las inquietudes de la Comisión Investigadora conformada por el pleno legislativo por el caso desagües.
El fin es dilucidar la responsabilidad que hubiera tenido la mandataria y funcionarios municipales en el proceso de indemnización de Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano, dos operarios municipales que fallecieron en una obra pública de desagües en 2019.
De acuerdo a lo tratado por los ediles, los trabajadores no contaban con seguro de riegos de trabajo y, a pesar de ello, una aseguradora habría pagado indemnizaciones por cerca de 15 millones de pesos. Esto habría motivado una compensación económica por parte del Municipio a la prestataria a través de un convenio confidencial que no tuvo paso por el Tribunal de Cuentas ni el Concejo Deliberante.
Ante esto, la Comisión Investigadora efectuó hace 10 días atrás, fijando un plazo de 24 horas, pedidos de informes a Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Asesoría Letrada y Tribunal de Cuentas. Sólo hubo respuestas desde el órgano de control de Cuentas, especificando que los pagos en cuestión no tuvieron paso por el Tribunal. En tanto, Asesoría Letrada respondió que se procedió a la formulación de un expediente externo sobre el particular.
Debate
“En conclusión, podemos decir que no hemos obtenido respuestas en tiempo ni en forma, más allá de la contestación del Tribunal de Cuentas. No nos toman en serio y aquí parece que vale todo. El problema no es la falta de respuesta a los concejales, sino la ausencia de explicaciones a la ciudadanía en general. Esperamos que venga la intendenta a darnos las explicaciones sobre este caso de las indemnizaciones, como así también en relación a las denuncias que efectuó por irregularidades en la obra de cloacas, terminal de ómnibus y palacio municipal”, fustigó el edil Tomás Gragera.
El oficialismo, en este marco, se opuso a la moción de citar a la mandataria local a la sala de sesiones, bajo el argumento de que “no se puede resolver” la situación “hasta tanto no se envíe la documentación solicitada”. Según manifestó el edil Aldo Zanitti, “existen buenas intenciones y voluntad de enviar la información” requerida al cuerpo deliberativo.
En oposición, Gragera expuso: “Hace siete años y medio que soy concejal y siempre vivo esperando que contesten los pedidos de informe. Próximo a vencer nuestro mandato, nuestro bloque va a agotar todas las vías que sean necesarias: si con la opción administrativa no tenemos respuestas, acudiremos a la Justicia”.
Definición
En la votación se manifestaron en contra de citar a la intendenta los concejales Zanitti, Mario Bernáldez, Judith Yáñes y Eulalia Cuello. No obstante, la iniciativa contó con el voto positivo de los ediles Gragera, Luciana Micca, Carlos Jazni y del presidente del cuerpo, Roberto Ribeiro, cuyo voto fue determinante para definir la cuestión y así materializarse la convocatoria de la mandataria dolorense al recinto legislativo.
En su exposición, Ribeiro recordó los alcances del artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal, el cual reza que el Concejo Deliberante o los concejales individualmente pueden pedirle informes al Departamento Ejecutivo por cuestiones de interés público, los que deben ser contestados obligatoriamente y cuyo incumplimiento configura una seria irregularidad.
En base a ello, el concejal lamentó que no se hayan girado al cuerpo orgánico los informes solicitados por el parlamento local sobre el caso desagües, como así tampoco en relación a la obras de cloacas, palacio municipal y terminal de ómnibus, que “desde el año 2021 a la fecha ha tenido una inversión de 190 millones de pesos”, precisó.
En su línea de argumentación, Ribeiro contempló que los titulares de Hacienda, Gobierno y Asesoría Letrada (Juan Pablo Sastre, Carolina y Matías Stumpf, respectivamente) han dejado expuesta a la intendenta, al no echar luz sobre el tema enviando en tiempo y forma la documentación correspondiente.
“He jurado respetar la Carta Orgánica Municipal y hacerla cumplir. Empezarán a hablar de traiciones y a elucubrar que este concejal es un traidor. Pero no es ningún traidor, quiere que se cumpla con la ley y que la ciudadanía se entere de lo sucedido. Nos vemos en la obligación de que la intendenta sea citada a brindar los informes que sus secretarios no han brindado y que el asesor letrado, que es el custodio de la legalidad y de la legitimidad de los actos públicos, no cumplió en informarnos, tanto en relación a las obras de cloacas, terminal de ómnibus y palacio municipal, y a los acuerdos de pago”, enfatizó el concejal.