En el Valle de Traslasierra existe un rico mundo de pequeños emprendedores, protagonistas de un modo de producción sustentable que es menester valorar y defender. Estos productores, con sus modos de cultivar y elaborar alimentos, sus formas de habitar, crear comunidad y vincularse con el entorno ambiental, tienen un enorme potencial que debiera aprovecharse.
Es necesario para respaldar y potenciar los modos de producción sustentables, brindarles a los vecinos transerranos las posibilidades de comercializar los alimentos de altísima calidad que generan a través de prácticas tradicionales en su sana relación con el monte nativo.
En más de una oportunidad desde El Ciudadano se ha recalcado que no siempre los productos sustentables del campo llegan a los consumidores ávidos de alimentos de calidad. Lamentablemente, la cadena de comercialización es siempre un problema para los productores del Valle de Traslasierra.
Años atrás, la Legislatura provincial sancionaba la Ley 10.264, que impulsa la comercialización de productos artesanales alimenticios en establecimientos que ocupen una superficie cubierta mayor a 400 metros cuadrados.
Con el objetivo de promover, difundir y estimular la producción y el consumo de productos artesanales o regionales alimenticios elaborados en el noroeste provincial, la Legislatura convertía en Ley el Programa Productos Regionales en Góndola.
La norma comprende a los productos para cuya elaboración se utilizan materias primas originarias de la región noroeste y con características particulares representativas de la zona, según especifica la Ley 10.264.
La legislación apunta a facilitar la comercialización de esta producción en las grandes superficies comerciales y establecimientos que conforman cadenas de distribución (supermercados, hipermercados y similares), con una superficie cubierta mayor a 400 metros cuadrados.
En lo que atañe, los proveedores deben acreditar la elaboración total de su producción en la región noroeste de la provincia; reunir los requisitos de calidad y presentación de los productos; y disponer de capacidad de producción suficiente para atender la demanda comercial.
En una línea editorial, El Ciudadano valoró años atrás el espíritu de la Ley 10.264. Pero los años transcurren y aún no se observan avances en la consecución de los objetivos planteados, en un contexto en el cual producir alimentos saludables se ha tornado en un desafío a escala planetaria y en donde la agricultura familiar y campesina se presenta como la gran solución.
Para que los productores transerranos puedan tener oportunidades es vital que se generen políticas activas que les permitan insertarse definitivamente en el mercado. Aquí debiera aparecer el Estado, en todos sus niveles, para potenciar a los hombres y mujeres del noroeste, promoviendo así tanto el desarrollo de las economías regionales como la alimentación de calidad de toda la población.