El asesinato de Santiago Aguilera Allende, ocurrido en agosto de 2022, conmocionó a Villa Dolores y dejó al descubierto fallas en la investigación. A tres años, uno de los responsables recibió perpetua y otro una pena menor, pero la familia denuncia omisiones y exige que los demás imputados también sean juzgados.
El 16 de agosto de 2022, Santiago Aguilera Allende salió de su casa en el paraje Chuchiras, cerca de Las Tapias, para encontrarse con un conocido. Nunca regresó. Tenía 18 años, problemas renales que habían requerido un trasplante y sueños que quedaron truncos en una noche que cambió para siempre la vida de su familia y de toda la comunidad de Traslasierra.
La desaparición movilizó a vecinos, policías y medios de comunicación. Durante cinco días, la región vivió en vilo, con la esperanza de encontrarlo con vida. Esa ilusión terminó el 21 de agosto, cuando su cuerpo apareció en la zona de Boca del Río, en cercanías de Villa Dolores, con signos de tortura, quemaduras de cigarrillo y múltiples golpes.
El secuestro y los mensajes
La investigación determinó que Aguilera fue citado bajo engaño por Walter Gil, un exempleado del corralón familiar. La madrugada del 17 de agosto, la familia recibió un mensaje extorsivo desde el teléfono de Santiago: pedían siete millones de pesos a cambio de su liberación. Prometieron volver a comunicarse, pero nunca lo hicieron. No hubo negociación. Solo silencio y, días después, la peor noticia.
El juicio y las condenas
El Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba juzgó a Walter Gil y a Julio César Ramírez. Gil, de 24 años, fue hallado culpable de secuestro extorsivo triplemente agravado por la pluralidad de intervinientes, las lesiones graves y la muerte de la víctima. Recibió prisión perpetua. Ramírez, en cambio, fue condenado a cuatro años por encubrimiento agravado, tras ser absuelto por el secuestro.
Los jueces Cristina Giordano, Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu coincidieron en que Gil fue pieza clave del plan. Ramírez, según el fallo, sólo intervino de manera posterior. La familia de Santiago cuestionó con dureza esa decisión. Para ellos, la condena menor no refleja la verdadera participación del acusado.
“Nos arrebataron a nuestro hijo”
Durante la última audiencia, Carlos Aguilera, padre del joven, tomó la palabra entre lágrimas. “Aparecieron estos traicioneros, cuando uno menos lo esperaba, para cambiarnos la vida y convertirla en un infierno. El daño y el dolor que nos causaron son inmensos e irreparables. Movidos por codicia, nos arrancaron a nuestro hijo, lo torturaron sin piedad, lo asesinaron y lo tiraron a un basural”, expresó.
Carlos y su esposa, Mónica Allende, siguen reclamando justicia completa. Denuncian que la investigación inicial, a cargo del fiscal Enrique Senestrari, tuvo graves falencias: pérdida de tiempo clave, falta de coordinación y ausencia de protocolos. “Estamos convencidos de que si Senestrari hubiera hecho bien su trabajo, Santiago hoy estaría vivo”, repiten.
Una causa abierta
Aunque el juicio contra Gil y Ramírez ya terminó, el caso no se cerró. Hay otros cuatro imputados —Pedro González, Alejandro Altamirano, Lucas Rejas y Marcos Maldonado— que todavía esperan llegar a debate. La querella, encabezada por el abogado Alejandro Dragotto, insiste en que la investigación debe avanzar hasta esclarecer todas las responsabilidades.
En esa línea, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar recientemente a un recurso de la familia para que continúe la pesquisa por secuestro extorsivo seguido de muerte. La decisión revirtió el intento de cierre de la causa que había avalado en primera instancia el juez Alejandro Sánchez Freites, a pedido del fiscal Senestrari.
Una herida abierta en Traslasierra
La muerte de Santiago Aguilera dejó una marca imborrable en Villa Dolores y la región. Durante meses, su rostro estuvo en carteles, marchas y reclamos de justicia. Tres años después, el pedido de justicia se renueva, porque la comunidad considera que la sentencia, aunque importante, es simplemente un paso parcial.
La historia de Santiago expone tanto la crueldad de sus asesinos, como así también las debilidades de un sistema que falló en el momento más crítico. Para su familia, no hay reparación posible. Sólo queda la lucha por una justicia plena que, hasta hoy, sigue siendo una deuda.
En Traslasierra, cada mes de agosto se recuerda al joven que soñaba con terminar el secundario y proyectar su futuro. Su ausencia es un eco que atraviesa las calles, los tribunales y la memoria colectiva: un crimen brutal, un dolor perpetuo y una justicia que todavía no resulta completa.