El expediente por la Tragedia de Altas Cumbres entró en una fase decisiva tras la confirmación de que la defensa de Oscar González no apelará el rechazo a la suspensión de juicio a prueba. La resolución, dictada por el juez de Villa Dolores, Santiago Camogli, deja como único camino la realización de un juicio oral, cuya fecha deberá fijar la Cámara del Crimen local para algún momento de 2026.
La novedad fue confirmada por uno de los abogados defensores, Miguel Ortiz Pellegrini, quien sostuvo que la postura de no apelar estaba contemplada desde el inicio de la estrategia jurídica. En declaraciones radiales, afirmó que la propuesta de reparación integral rechazada —que incluía un pago de 346 millones de pesos, un aporte adicional al hospital y tareas comunitarias— buscaba “acelerar una salida inmediata”, aunque reconoció que el juicio siempre fue un escenario previsto.
Ortiz Pellegrini también apuntó contra la querella por supuestas demoras anteriores: “Desde septiembre del año pasado aceptamos ir al juicio. La demora no tiene nada que ver con nuestra actividad; son problemas de la querella que vive cuestionando todo”, afirmó. A su vez, indicó que la defensa mantiene “voluntad de avanzar con pagos a las víctimas, en la medida de lo posible”.
El rechazo a la probation se sostuvo principalmente en la oposición de la fiscal Analía Gallaratto, posición de carácter vinculante en este tipo de planteos. Con la vía extraprocesal descartada, González deberá enfrentar un debate por el delito de omisión culposa, con una pena prevista de entre dos y cinco años.
La imputación se mantiene tal como fue formulada: responsabilidad penal en el choque del 29 de octubre de 2022, cuando el BMW X1 que conducía —un vehículo secuestrado y asignado judicialmente— impactó de frente contra el Renault Sandero de la docente Alejandra Bengoa, quien murió en el acto. Las adolescentes que viajaban con ella, Alexa y Marina, sufrieron graves lesiones; una de ellas quedó parapléjica y la otra mantiene secuelas permanentes.
González, mientras tanto, sigue con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, aunque por otra causa: la investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A tres años de la tragedia, y tras una intensa puja judicial, el caso avanza finalmente hacia el debate que reclamaron desde el primer día las familias de las víctimas.