La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos alerta sobre la amenaza a los recursos naturales y al equilibrio ambiental.
La reciente adhesión de la provincia de Córdoba al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha encendido las alarmas entre organizaciones locales. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por los posibles efectos adversos de esta ley en los recursos naturales y la calidad de vida en la región.
Ejemplos de explotación en la región
Entre los casos actuales más alarmantes y que podrían multiplicarse con el RIGI, la organización señala la extracción masiva del acuífero regional por parte de la empresa Fondomonte, dedicada a la producción de alfalfa con autorización del Gobierno provincial. Además, menciona la instalación de una planta de energía solar en Cura Brochero sin la licencia ambiental correspondiente, lo que constituye una violación de las leyes hídricas y ambientales vigentes.
“La adhesión al RIGI podría facilitar el avance de actividades como urbanizaciones, minería y turismo, ignorando los impactos socioambientales,” subraya el comunicado de la Mesa. La organización denuncia que estas políticas favorecerían la concentración de recursos en manos de grandes empresas sin considerar el bienestar de la comunidad ni la protección del entorno.
Litio y urbanizaciones sin control
Otro ejemplo crítico señalado fue el intento de explotación de litio en Las Tapias por parte de empresas transnacionales. Además, la Mesa recuerda el proyecto de urbanización “Cimas de Nono”, que pretendía duplicar la población de esta localidad y proyectaba el vertido de efluentes en el Río de Los Sauces. Si bien ambos proyectos fueron frenados gracias a la movilización popular, la aprobación del RIGI podría allanar el camino para iniciativas similares sin restricciones.
Impacto fiscal y seguridad productiva
Según la nueva ley, las empresas que se radiquen en Córdoba bajo el RIGI disfrutarán de exenciones fiscales por 30 años, lo que limita la capacidad de los municipios para gravar las actividades económicas. Además, la Mesa cuestiona el “Plan de Seguridad Productiva”, que contempla el uso de fuerzas de seguridad para proteger inversiones privadas, priorizando los intereses de grandes capitales sobre las demandas sociales.
“La protección de inversiones mediante fuerzas represivas nos aleja del diálogo y pone en riesgo el tejido social de la región,” advirtió la organización.
Adhesión en la Legislatura
En su 16ª sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto 40.813, enviado por el Poder Ejecutivo provincial, confirmando la adhesión de la provincia al régimen nacional del RIGI. El proyecto destaca que esta ley busca atraer nuevas inversiones productivas, impulsar la competitividad y garantizar estabilidad jurídica para las empresas que operen en Córdoba.
Los fundamentos del proyecto señalan que esta normativa fortalecerá el perfil productivo de la provincia mediante la creación de regímenes de incentivos y obras de infraestructura, así como programas de capacitación laboral. Además, otorga al Ejecutivo la potestad de ampliar los beneficios a inversiones futuras no contempladas inicialmente.
Llamado a las autoridades
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra advierte que el RIGI compromete los recursos y el bienestar de las generaciones futuras en favor de intereses económicos ajenos a la comunidad local.
“La adhesión al RIGI representa una entrega inconstitucional de nuestros recursos,” concluye el comunicado. Ante esto, la organización insta a las autoridades a promover políticas que fomenten el desarrollo sustentable y garanticen la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los recursos naturales del territorio.