La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba desestimó los planteos de nulidad y de incompetencia presentados por la defensa del exlegislador de Hacemos por Córdoba. La causa seguirá adelante en el fuero federal, donde González está imputado por presunto enriquecimiento y blanqueo de activos tras su paso por la función pública.
Oscar González, exlegislador de Hacemos por Córdoba, recibió un nuevo revés en la Justicia federal. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó los planteos de su defensa y confirmó que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos continúe su curso en el fuero federal.
En un fallo firmado por los vocales Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, la Sala A ratificó la resolución del juez federal Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había desestimado excepciones de incompetencia, nulidades procesales y planteos de inconstitucionalidad esgrimidos por los abogados defensores.
La causa penal, impulsada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian a partir de una denuncia de la legisladora Luciana Echevarría, pone el foco en los movimientos patrimoniales de González tras el trágico siniestro vial que protagonizó en 2022, en el Camino de las Altas Cumbres, donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron gravemente heridas.
Según la acusación, González no pudo justificar el crecimiento de su patrimonio con sus ingresos como funcionario público. A partir de esta presunta inconsistencia, se lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lo que motivó su detención domiciliaria en febrero pasado, con control mediante tobillera electrónica.
Además, el juez Vaca Narvaja ordenó el embargo de bienes tanto del exlegislador como de tres de sus hijos, por un monto superior a los 424 mil dólares. Esa medida también fue apelada, pero la Cámara la confirmó.
Entre los argumentos desestimados por los camaristas se encontraba la supuesta “doble persecución penal” por parte de la Justicia provincial y federal. El Tribunal señaló que no existe identidad de objeto ni de causa entre ambas investigaciones: mientras la Fiscalía Anticorrupción provincial indaga presuntas irregularidades en declaraciones juradas, la causa federal apunta a delitos más graves y con alcances distintos.
Otro punto refutado fue la supuesta prescripción de la competencia federal. Los jueces argumentaron que el delito de enriquecimiento habría ocurrido durante el ejercicio de González como diputado nacional, y que la competencia se mantiene incluso hasta dos años después de haber cesado en su último cargo público.
Con este fallo, la investigación judicial contra González avanza en el fuero federal, manteniéndose tanto la imputación como las medidas cautelares. La causa se perfila como uno de los expedientes más relevantes de los últimos años en Córdoba.