Con cada suba del precio del combustible, aumentan también las sanciones económicas para los conductores en Córdoba. El último ajuste llevó las multas de la Caminera a cifras que superan los 2,6 millones de pesos. Mientras el Gobierno defiende el sistema como herramienta de prevención, crecen las dudas sobre su verdadero objetivo.
El valor de una infracción de tránsito en Córdoba puede hoy superar el de una moto 150 cc cero kilómetro. Con la última actualización publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 42, el precio de cada Unidad Fija (UF) –parámetro que determina el monto de las multas– quedó establecido en $1.336, un incremento casi automático, vinculado al valor del litro de nafta súper.
Este mecanismo, impulsado por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, genera aumentos periódicos y silenciosos. Y plantea un interrogante creciente: ¿se trata de una política pública orientada a la seguridad vial o de un sistema atado a la recaudación?
El mapa de las infracciones
Con la nueva escala, las sanciones por infracciones leves, como conducir fumando, parten desde los $26.720. Las graves, como no llevar luces encendidas, ascienden hasta $267.200. Las muy graves, entre las que se incluye el exceso de velocidad o cruzar semáforos en rojo, llegan a $534.400. Y en el extremo, las infracciones máximas, como la conducción bajo efectos del alcohol o la adulteración de documentación, ya trepan hasta los $2.672.000.
Este esquema es aplicado por la Policía Caminera en rutas provinciales. Según voceros del Ministerio de Seguridad, el sistema busca “crear conciencia a través del impacto económico” y no persigue fines recaudatorios.
La opinión pública
Sin embargo, la gran mayoría de los automovilistas no comparten esa mirada. Las multas están desproporcionadas respecto al poder adquisitivo medio. En muchos casos, se convierten en una trampa burocrática: el ciudadano no logra pagarlas, acumula intereses y queda atrapado en un círculo de deuda.
También se cuestiona la falta de campañas preventivas visibles que acompañen estos aumentos. ¿Cuántas veces el conductor promedio ve cartelería que recuerde los límites de velocidad o acciones de concientización? Muy pocas. Pero controles y actas de infracción, sobran.
¿Hay margen para revisar el sistema?
El sistema de Unidades Fijas se adoptó en varias provincias del país como un modo de “indexar” las sanciones, evitando que queden desactualizadas por la inflación. Pero en contextos de aumentos acelerados como el actual, los valores pueden superar rápidamente lo razonable para el ciudadano común.
Con el costo de vida en alza y el combustible como bien altamente volátil, el impacto de estas multas en los bolsillos es cada vez más severo. ¿Es momento de discutir una reforma al esquema? ¿Debería el Estado priorizar campañas de prevención antes que elevar las sanciones? ¿Existe un equilibrio posible entre castigo y educación vial?
Preguntas abiertas que crecen en paralelo al valor de cada litro de nafta… y al de cada infracción.