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Llaryora promulgó una ley para equilibrar el desarrollo en el noroeste

El Gobierno provincial destinará 130 mil millones de pesos en 2025 para impulsar la producción, el turismo, la salud y la innovación en 13 departamentos del Noroeste y Sur de Córdoba.

El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley del Programa de Igualdad Territorial, una iniciativa que busca reducir las desigualdades entre regiones y fomentar el desarrollo equilibrado en zonas históricamente postergadas de la provincia.

La norma, aprobada recientemente por la Legislatura Unicameral durante una sesión especial en Cruz del Eje, beneficiará a 13 departamentos de las regiones Noroeste y Sur, donde se concentrarán medidas económicas, fiscales y de infraestructura para fortalecer el crecimiento local.

Durante 2025, el Gobierno de Córdoba invertirá 130 mil millones de pesos para financiar beneficios promocionales, proyectos productivos, innovaciones tecnológicas y apoyo a sectores industriales, turísticos, primarios y de salud.

El plan se aplicará en los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral, y las pedanías Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y suburbios del Departamento Río Primero. En el Sur, alcanzará a Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.

El programa se elaboró a partir de mesas de trabajo entre el Estado provincial, municipios, comunas y representantes de distintos sectores productivos, que aportaron diagnósticos y propuestas locales.

Entre las medidas, la ley prevé incentivos fiscales para quienes inviertan o se radiquen en las zonas incluidas. Las industrias accederán a exenciones totales en Ingresos Brutos y Sellos; el turismo contará con beneficios equivalentes a la inversión realizada; y el sector primario obtendrá reducciones del 50% en Ingresos Brutos. Además, el sector salud dispondrá de estímulos específicos para fortalecer la red sanitaria en las regiones más vulnerables.

La iniciativa también crea un registro único de actividades promovidas, establece controles estrictos y sanciones y excluye de los beneficios a quienes desarrollen actividades vinculadas al juego.

Desde el Gobierno de Córdoba se comunicó que con este programa se busca equilibrar su mapa productivo, fomentar inversiones sostenibles y mejorar la calidad de vida de las comunidades del interior profundo, en una estrategia que combine desarrollo económico, inclusión social y fortalecimiento institucional.