El Departamento San Javier enfrenta una deuda pendiente con la seguridad vial. Aunque las estadísticas de 2025 muestran una reducción histórica de víctimas fatales, la región mantiene desafíos estructurales que exigen acciones sostenidas y políticas públicas concretas para proteger la vida de vecinos y visitantes.
Las cifras de la siniestralidad vial en Córdoba golpean con crudeza. Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, más de 967 personas perdieron la vida en rutas y calles de la provincia, según el Observatorio de Seguridad y Convivencia del COPEC. Cada número refleja un drama humano: familias destruidas, proyectos truncados y comunidades que sienten crecer el luto como una sombra persistente.
Dentro de este escenario, el Departamento San Javier se destaca por la gravedad de sus estadísticas. Durante 2024 registró 11,2 víctimas fatales cada 100.000 habitantes, situándose entre las zonas más críticas de Córdoba. Estos datos muestran que Traslasierra enfrenta un problema estructural que no puede reducirse a cifras; cada accidente representa un impacto directo sobre la vida de las personas y la seguridad colectiva.
Sin embargo, los datos de 2025 traen un atisbo de esperanza. La Departamental San Javier reportó una reducción cercana al 80% en víctimas fatales, con apenas 4 fallecimientos entre enero y septiembre, frente a 13 en el mismo período del año anterior. Desde la Policía destacaron que este logro se alcanzó gracias a operativos coordinados con Tránsito, Prevención Urbana, municipios y la colaboración activa de la comunidad, evidenciando que la sinergia entre instituciones y ciudadanos puede marcar la diferencia.
Pese a esta mejora, los patrones de riesgo se repiten de manera preocupante. La mayoría de las víctimas siguen siendo varones jóvenes y motociclistas, un reflejo de cómo la moto, vehículo habitual en nuestra geografía de distancias cortas y caminos serranos, se convierte en un factor central de la tragedia cuando se combina con la falta de formación vial, escasa conciencia de riesgo y deficiencias en la infraestructura. No se trata de estigmatizar a quienes usan la motocicleta como medio de transporte, sino de garantizar que lo hagan con casco de calidad, educación vial desde la escuela y rutas que no sean trampas mortales.
El crecimiento turístico en Traslasierra también complica el panorama. Cada temporada, miles de visitantes circulan por caminos que no siempre están preparados para la demanda. La mezcla de conductores locales y turistas que transitan por primera vez por estas rutas genera un escenario propenso a accidentes, que requiere planificación, señalización clara y controles preventivos permanentes.
El informe del COPEC no es simplemente un diagnóstico: es un llamado a la acción. Córdoba necesita controles más firmes, sanciones efectivas, campañas de concientización sostenidas y una inversión estructural en infraestructura vial. Rutas sin banquinas, sin demarcación clara o con mantenimiento deficiente son un escenario de muerte anunciado. La seguridad vial no puede depender únicamente de la responsabilidad individual; es un derecho humano que exige políticas públicas concretas y un cambio cultural profundo.
En Traslasierra, la reciente reducción de víctimas muestra que es posible revertir la tendencia cuando hay coordinación y compromiso. Sin embargo, el desafío es sostener esos avances. Cada número de las estadísticas representa una vida que no debió terminar de esa manera, un proyecto truncado, un dolor familiar que podría haberse evitado. Por eso, la seguridad vial debe pasar de ser una preocupación episódica a un compromiso constante del Estado y de la sociedad.
San Javier no puede naturalizar su lugar entre los departamentos más críticos. Los logros de 2025 son alentadores, pero no suficientes. Es hora de transformar los diagnósticos en soluciones efectivas, el dolor en acción y la prevención en cultura. Solo así se podrá saldar, de manera definitiva, la gran deuda pendiente con la vida en las rutas y calles de Traslasierra.
• El Ciudadano