Durante dos meses, el Equipo Argentino de Antropología Forense excavó 10 hectáreas en la Loma del Torito, cerca del ex centro clandestino La Perla, Córdoba, y localizó numerosos fragmentos óseos. La Justicia Federal confirmó que inicia ahora una etapa clave de análisis genético para identificar a desaparecidos de la última dictadura. “Estamos apareciendo a los desaparecidos”, sostuvo el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Las excavaciones a gran escala realizadas en la Loma del Torito, un sector de tierras militares próximo al ex centro clandestino de detención, desaparición y tortura La Perla, permitieron hallar numerosos restos humanos. Los trabajos, dirigidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) bajo supervisión del Juzgado Federal Nº 3, se extendieron durante 68 días y abarcaron unas 10 hectáreas.
En el operativo se cavaron casi 10 kilómetros de trincheras, en más de 200 fosas de entre 50 y 150 metros de largo. Tras la remoción mecánica del terreno, los especialistas tamizaron de manera manual la tierra extraída y localizaron fragmentos óseos que ahora ingresan a un proceso de datación y análisis genético. No se recuperaron cuerpos completos, sino piezas óseas en dos sectores precisos del área intervenida.
El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja destacó que el hallazgo constituye un avance determinante en una búsqueda que lleva casi cinco décadas. “Estamos apareciendo a los desaparecidos”, afirmó en diálogo con el rotativo La Voz. El objetivo central es brindar certezas a las familias que buscan a sus seres desaparecidos desde la dictadura.
La investigación se apoya en testimonios clave recogidos en los juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos el del peón rural José Solanille y el del ex teniente coronel Bruno Laborda. De acuerdo con sus relatos, en ese sector se realizaron enterramientos clandestinos, explosiones y posteriores intentos de remoción de cuerpos en 1979, antes de la visita de la CIDH.
La tecnología Lidar, estudios geológicos y fotos aéreas de 1979 aportadas por Catastro municipal permitieron delimitar el terreno de intervención. El operativo contó con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia, la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial y el Ejército Argentino, cuya intervención fue determinante, incluso para detonar 16 obuses hallados en el predio.
La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, remarcó a La Voz la relevancia histórica del trabajo: “Lo que observamos es el resultado de 50 años de lucha. La memoria en Córdoba es una política de Estado”.
Veintiséis familias de desaparecidos, representadas por el abogado Ramiro Fresneda, participaron como querellantes y siguieron de cerca el anuncio de los resultados. En un comunicado difundido tras la presentación, afirmaron: “Cada palmo de tierra removida nos mueve el corazón. Este predio, Loma del Torito, es para nosotros un camposanto”.