La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió este miércoles revocar el procesamiento dictado contra el exlegislador Oscar González en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de excarcelación y confirmó la continuidad de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, integrantes de la Sala A, quienes consideraron que la investigación aún no se encuentra concluida y que resta incorporar una pericia contable clave para definir la situación procesal del imputado.
El fallo revisó la resolución del Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que el 21 de octubre había dispuesto el procesamiento de González como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en concurso real, además de mantener la prisión preventiva domiciliaria y dictar medidas cautelares sobre su patrimonio.
Según el tribunal de alzada, la pericia contable encomendada al Cuerpo de Peritos Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituye una prueba accesoria, sino un elemento central para evaluar la correspondencia entre los ingresos declarados por González y el patrimonio que se le atribuye, así como las operaciones cuestionadas en el marco de la acusación por lavado de activos. En ese contexto, calificó al procesamiento como “prematuro”.
La Cámara aclaró que la revocación no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del caso ni el cierre de la investigación, sino una corrección del orden procesal. En ese sentido, ordenó al juez Vaca Narvaja que impulse de manera urgente la realización de la pericia pendiente y que, una vez incorporada, vuelva a resolver la situación del imputado.
Pese a ello, el tribunal confirmó el mantenimiento del arresto domiciliario. Argumentó que persisten riesgos procesales vinculados a la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en función de la gravedad de los delitos imputados, la escala penal prevista, la complejidad de la causa y la trayectoria institucional de González en cargos públicos de relevancia.
La investigación federal se originó a partir de una denuncia presentada tras la tragedia de las Altas Cumbres, en la que González protagonizó un choque fatal que derivó en otra causa penal por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. A partir de ese hecho, se impulsó la pesquisa por presuntas maniobras patrimoniales irregulares vinculadas al ejercicio de funciones públicas.