Entre diversos puntos, se establece la creación de seis nuevas Fiscalías Antinarcóticos, una de las cuales tendrá sede en la ciudad de Villa Dolores.
El gobernador de la provincia, Martín Llaryora, apunta a la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
Entre los aspectos destacados se encuentra la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.
Otro aspecto central de la iniciativa es el aumento de un 100 por ciento de las Fiscalías Antinarcóticos, incorporando seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba.
En el mismo sentido, se crean 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
La normativa incorpora las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
También se crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad.
Por otra parte, se establece la estimulación de un plan de desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
En otro orden, el proyecto fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular, gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos, los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
Finalmente, se exigirá que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos, etc. estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
La propuesta permitirá aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso de videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones.