El transporte urbano de pasajeros mediante ómnibus atraviesa una etapa crítica en la ciudad de Villa Dolores, y la gravedad del escenario quedó formalmente reconocida esta semana, con la declaración de la emergencia del sistema aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.
La medida responde a un contexto adverso que impide a la empresa concesionaria —SOCSA (Sarmiento)— cumplir con la prestación en condiciones normales. La ordenanza fue impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y se ampara en la Carta Orgánica Municipal, invocando artículos relacionados con las competencias del Municipio y la garantía de servicios esenciales.
El contenido de la declaración
La ordenanza sancionada declara la emergencia por un plazo inicial de seis meses, prorrogable por el DEM mediante Decreto ad referendum del Concejo Deliberante, y autoriza al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes y extraordinarias para readecuar el servicio. Entre ellas se destacan: modificaciones en las frecuencias del servicio, reducción de líneas y cambios en el diseño estratégico, técnico y operativo del sistema.
El objetivo de estas medidas es sostener la prestación en el contexto de una crisis profunda, producto —según los fundamentos— de la quita de subsidios de los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal), la variación de las condiciones económicas, y la escasez de pasajeros por kilómetro recorrido, lo que ha afectado el equilibrio financiero de la concesión.
El texto también deja constancia de que el Municipio no se encuentra en condiciones de afrontar la compensación económica solicitada por la empresa adjudicataria, lo cual agrava aún más la situación.
Pedido de informes: deuda y medidas adoptadas
De manera complementaria, y también por voto unánime, se aprobó un pedido de informe presentado por el bloque de la minoría, cuyo eje es conocer la situación financiera entre el Municipio y la empresa prestataria.
El documento solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal informe si existe deuda con la empresa concesionaria del servicio de ómnibus; cuál es el monto actualizado, en caso de existir; y qué medidas se han tomado por parte del Gobierno de la ciudad en el marco de esta emergencia recientemente declarada.
Este pedido de informes representa un paso institucional relevante, ya que busca transparentar la relación entre el Ejecutivo y la empresa encargada del servicio, en un momento donde las decisiones adoptadas pueden tener impacto inmediato sobre la movilidad urbana de los vecinos.
Una herramienta frente a una crisis estructural
La declaración de emergencia no fija una fecha de finalización automática. Aunque establece un plazo inicial de seis meses, el Ejecutivo podrá extenderlo por decreto, lo que pone de manifiesto la incertidumbre respecto de una solución a corto plazo. A su vez, la normativa reconoce al transporte público como un servicio de contenido social esencial para el desarrollo de la ciudad y la vida cotidiana de los habitantes.
La ordenanza refleja además una preocupación más amplia: sin herramientas legales ágiles, los municipios ven limitada su capacidad para adaptar servicios públicos en entornos económicos cambiantes. Por ello, la declaración busca resolver la coyuntura y también crear un marco de actuación flexible que permita rediseñar el sistema conforme a las posibilidades reales de financiamiento y demanda.
En síntesis
La situación del transporte urbano en Villa Dolores ha ingresado en un estado de excepción institucional. Con el respaldo unánime del cuerpo deliberativo, el Departamento Ejecutivo podrá ahora implementar cambios profundos en el sistema de ómnibus, siempre con el objetivo de sostener su continuidad. Sin embargo, las preguntas planteadas en el pedido de informes —sobre deuda, montos y acciones— revelan que aún hay aspectos que esperan respuesta concreta.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece expectante frente a un servicio que, según lo manifestado, se encuentra al límite de su operatividad, a la espera de decisiones eficaces y transparentes.