Vecinos de El Pueblito, en San Javier, afirman haber sido víctimas de una estafa en la compra de terrenos donde actualmente residen. Según relatan, todos ellos adquirieron sus propiedades de buena fe, con documentos al día y cumpliendo con los requisitos legales municipales para la construcción de sus viviendas. Los residentes, conectados a la red de agua y energía eléctrica, aseguran que el vendedor de los terrenos, Raúl Ramón Ogas, les garantizó la legalidad de la operación. No obstante, recientemente se han enfrentado a un conflicto judicial que podría llevar a la restitución de parte de sus terrenos a un tercero.
El conflicto: juicio y derechos posesorios
Tras más de una década de habitar en el lugar, los vecinos se enteraron de la existencia de un juicio por la titularidad de los terrenos entre Ogas y Eduardo Adrián Cordi, quien resultó ser el ganador de la demanda. La disputa judicial había iniciado años antes, pero los residentes desconocían el proceso hasta que se dictó la sentencia en favor de Cordi. Este fallo judicial reconoció a Cordi como propietario legítimo de parte de los terrenos en los que viven más de 13 familias.
En respuesta, los vecinos han iniciado una acción civil con el objetivo de hacer valer sus derechos posesorios, argumentando que actuaron de buena fe en la compra. Sostienen que antes de realizar las transacciones, verificaron en la Municipalidad de San Javier que no existieran impedimentos legales para construir sus viviendas en los terrenos adquiridos.
Antecedentes de la venta de tierras
Según explican los vecinos, el conflicto tiene sus orígenes en una venta realizada en 2004, cuando Encarnación Oliva transfirió a Ogas 418 hectáreas. En 2013, Ogas vendió una parte de un lote de 5,5 hectáreas a un comprador de apellido Coster, y posteriormente comenzó a fraccionar y vender parcelas de esas tierras a más de 13 familias. No obstante, tras el fallo judicial de 2022, Cordi fue reconocido como propietario de la totalidad de esas 5,5 hectáreas.
Acciones legales y operativos recientes
De acuerdo a lo detallado por los vecinos, el pasado 2 de septiembre, recibieron un decreto judicial que ordenaba un relevamiento de las áreas libres de edificación en las parcelas que habitan, con la finalidad de restituir estos terrenos a Cordi. El decreto fue emitido en base a una orden de la Cámara 8ª de Córdoba, que exige la devolución inmediata de los sectores sin construcciones. En este contexto, tres viviendas fueron allanadas y se realizaron inspecciones en cada lote.
El 3 de septiembre, el juez de Paz Oscar Espíndola, junto con la Policía y Cordi, se presentaron en el lugar para ejecutar el decreto. Los vecinos precisaron que durante la inspección, se identificaron los patios de las viviendas como «espacios baldíos», un criterio que ha generado malestar entre los residentes, quienes consideran que los patios forman parte integral de sus propiedades. Según la interpretación del Juzgado, estos patios deberían ser entregados a Cordi, mientras que las casas mantendrían sólo un pasillo de acceso.
Reacción de los vecinos y el Municipio
Ante el operativo judicial, los vecinos contrataron al abogado Javier Tissera, quien sostiene que los patios no deben ser considerados como terrenos baldíos y que forman parte del derecho posesorio de los habitantes. Tissera argumenta que la interpretación del juez de Paz y la Cámara 8ª vulnera los derechos de las familias que adquirieron los lotes de buena fe y que llevan años viviendo en el lugar.
En base a la información suministrada por los vecinos, el operativo judicial también llevó a la entrega de seis lotes vacíos, que suman casi tres hectáreas, a Cordi, lo que implica el despojo de tierras para seis familias. Los vecinos, al enterarse de la situación, notificaron de inmediato al Municipio, y el intendente Martín García (foto) se hizo presente en el lugar para evaluar la situación.
Posible expropiación y futuro incierto
El fallo judicial y las acciones posteriores han generado incertidumbre entre las familias afectadas, quienes temen perder más terrenos o ser desalojados de sus hogares. Lo que algunos vecinos califican como una “expropiación encubierta” afecta no sólo su patrimonio, sino también la estabilidad de sus familias, quienes han invertido años en construir sus viviendas y arraigar sus vidas en El Pueblito.
La lucha legal de los vecinos continúa mientras intentan hacer valer sus derechos ante la Justicia, en medio de la complejidad de un conflicto que mezcla cuestiones legales, derechos posesorios y decisiones judiciales que podrían cambiar el futuro de todo un sector del barrio.