El Foro Ambiental Traslasierra encendió alarmas por presuntas actividades mineras no registradas en Las Tapias, donde vecinos detectaron explosiones, maquinaria y la aparición de un polvo blanco aparentemente tóxico. Ante la falta de información oficial y posibles riesgos ambientales, la organización pidió la intervención urgente de las autoridades y convocó a la comunidad a mantenerse en estado de alerta.
La tensión ambiental volvió a instalarse en el Valle de Traslasierra. El Foro Ambiental Traslasierra – Línea Fundadora (FAT-LF) expresó su “profunda preocupación” por una serie de actividades mineras presuntamente no registradas que estarían desarrollándose en la localidad transerrana de Las Tapias. La advertencia llegó acompañada de datos preliminares, reclamos a las autoridades y un llamado a la población a mantenerse informada ante una situación que califican de “opaca y riesgosa”.
El Foro, integrado por especialistas y vecinos con largo historial de militancia ambiental en la región, señaló que la información disponible sobre los trabajos en curso “es confusa, incompleta y no ha sido comunicada de forma adecuada por los organismos oficiales”.
Según indicaron a la prensa, en las últimas semanas, vecinos y colaboradores detectaron movimientos de maquinaria, detonaciones en áreas serranas y la aparición de un polvo blanco en suspensión tras explosiones que, según un análisis químico inicial, contendría sustancias potencialmente tóxicas para la salud humana y los ecosistemas.
Aunque no hay conclusiones definitivas, los referentes del FAT-LF consideran que los elementos reunidos bastan para encender señales de alerta. En Traslasierra, cualquier indicio vinculado a minería genera sensibilidad: las comunidades ya frenaron grandes proyectos extractivos en 2009, frente al intento de reactivar una mina de uranio en Nono, y en 2018, cuando lograron detener la instalación de una explotación de litio en la misma zona de Las Tapias. Desde entonces, distintas organizaciones sostienen una vigilancia permanente sobre el territorio serrano.
En diálogo con el portal Tiempo Argentino, Luis María Jiménez —antropólogo, consultor ambiental y miembro del Foro— confirmó que el monitoreo se realiza con herramientas sofisticadas: “Estamos llevando adelante una vigilancia discreta y sostenida mediante imágenes satelitales y vuelos de drones. Los registros obtenidos muestran indicios que merecen una revisión profunda por parte de las autoridades”, explicó.
Uno de los datos más inquietantes es la presencia, según el Foro, de maquinaria y personal vinculados a un equipo de prospección minera de origen chino. Jiménez remarcó que esas tareas no figuran en el Registro Público de Actividad Minera de la Secretaría de Minería de Córdoba, un paso obligatorio para cualquier emprendimiento extractivo, incluso en etapa inicial. “La ausencia de esa registración es grave: la normativa existe para garantizar trazabilidad, controles ambientales y seguridad para las comunidades”, apuntó.
El antropólogo sumó otro elemento a la preocupación: “Entre los hechos más delicados está la aparición de un polvillo blanco luego de explosiones en la zona. El análisis preliminar indica presencia de sustancias tóxicas. No estamos hablando de supuestos: son datos concretos que requieren intervención urgente del Estado”.
Desde el FAT-LF aseguran que su resumen público no abarca la totalidad de la información recopilada, pero sí la suficiente para solicitar un accionar inmediato. Por eso, semanas atrás organizaron una conferencia de prensa y un debate abierto en el Salón Parroquial “Jesús Misericordioso”, en Villa de Las Rosas. Allí expusieron registros, compartieron testimonios y discutieron estrategias de organización comunitaria.
La convocatoria tuvo un objetivo central: reforzar el entramado social que en 2018 logró la expulsión de la empresa minera Dark Horse. “La fuerza colectiva fue decisiva entonces, y debe serlo ahora. Es la herramienta más sólida para defender el territorio”, finalizó Jiménez.
En una región que ya demostró su capacidad para movilizarse frente a la megaminería, el reclamo vuelve a crecer. Y esta vez, exige respuestas rápidas, transparentes y verificables.