Según un informe del IARAF, en 2025 los argentinos deberán trabajar entre 182 y 191 días solo para pagar impuestos. El estudio revela una fuerte regresividad fiscal: las familias de menores ingresos son las más afectadas por tributos indirectos. La presión tributaria formal alcanza el 50% del ingreso y reaviva el reclamo por una reforma impositiva integral.
Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la presión impositiva en el país. Según el estudio, en 2025 el “Día de la Independencia Tributaria” —el momento simbólico en que una familia asalariada promedio deja de trabajar exclusivamente para pagar impuestos— se ubica entre el 22 de junio y el 1° de julio. Es decir, los argentinos destinan unos 182 días al año sólo a cubrir tributos nacionales, provinciales y municipales.
En total, se contabilizan 155 tributos distintos, y la carga fiscal formal ronda el 50% del ingreso familiar. Esta cifra sitúa a la Argentina entre los países con mayor presión tributaria del mundo.
Pero el dato más preocupante del informe es la regresividad del sistema. Las familias de menores ingresos son las que proporcionalmente más tributan, debido al peso de los impuestos indirectos al consumo, como el IVA o Ingresos Brutos. Como estas familias destinan prácticamente la totalidad de sus ingresos al consumo, sufren con mayor fuerza el impacto fiscal. En cambio, los estratos más altos, que ahorran o invierten parte de su ingreso, logran sortear en mayor medida esa carga.
El IARAF remarcó además la complejidad del sistema tributario argentino, con una multiplicidad de impuestos que se superponen entre jurisdicciones y afectan tanto a consumidores como a productores.
En este escenario, el informe reabre el debate sobre la necesidad de una reforma tributaria integral que simplifique el esquema impositivo, promueva la equidad fiscal y alivie la carga sobre los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, la mitad del año laboral seguirá estando destinada a financiar al Estado, dejando a las familias asalariadas con cada vez menos margen para decidir sobre el destino de sus propios ingresos.