Un reciente secuestro de dos perros de raza pitbull en Villa Dolores, tras atacar y matar a otro animal, vuelve a encender una discusión que reaparece cíclicamente en Traslasierra: la tenencia responsable, el control de animales potencialmente peligrosos y la delgada línea entre la convivencia urbana y los riesgos evitables.
Un caso que reabre un problema conocido… Fue un episodio breve, pero de los que dejan huella. En calle 17 de Agosto, dos perros pitbull atacaron y mataron a otro animal. La intervención policial derivó en el secuestro inmediato de los canes bajo el Artículo 89 del Código de Convivencia de Córdoba, la normativa que regula la presencia de animales potencialmente peligrosos.
El hecho, más allá de su impacto inmediato, reintroduce una discusión que Traslasierra no termina de resolver: ¿Qué ocurre cuando un animal se transforma en riesgo para la comunidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de evitarlo? ¿Y qué herramientas reales existen para prevenir estos episodios?
Los vecinos coinciden en un punto: no es la primera vez que ocurre, y sin medidas sostenidas, tampoco será la última.
Una problemática que aparece y desaparece, pero nunca se va
Los ataques de perros —especialmente de razas catalogadas como “potencialmente peligrosas”— se repiten de manera aislada pero constante en distintas localidades del Valle.
Algunos llegan a las crónicas policiales; otros circulan en redes sociales; muchos no se denuncian. Lo que varía es la escena:
• Perros que escapan por un portón abierto
• Animales sueltos que se enfrentan entre sí
• Ataques a otros animales domésticos
• Mordeduras a personas que quedan registradas en el sistema sanitario
Lo que no varía es el trasfondo: la falta de control y tenencia responsable, un problema que no distingue barrio ni localidad.
Un marco legal que existe, pero requiere aplicación efectiva
Las normas de convivencia y el sentido común establecen condiciones específicas para perros de razas consideradas de riesgo:
• Cercos seguros
• Medidas de prevención
• Obligación de mantenerlos bajo control
• Sanciones cuando se verifica peligro o daño
Aun así, existen cuestiones que no se aplican. Lamentablemente las autoridades responden solo cuando el problema ya ocurrió y no siempre cuentan con equipos o áreas especializadas para seguimiento y prevención.
Un debate que exige participación comunitaria
El caso de Villa Dolores vuelve a poner en superficie una necesidad que Traslasierra arrastra desde hace años: pasar del impacto ocasional a la discusión de fondo.
En torno a estos hechos suelen surgir preguntas que rara vez se abordan a largo plazo:
• ¿Debe existir un registro único regional de perros potencialmente peligrosos?
• ¿Los municipios cuentan con recursos para inspeccionar domicilios?
• ¿Qué sanciones son efectivas para desalentar conductas negligentes?
• ¿Se necesitan campañas permanentes de educación y concientización?
• ¿Qué rol pueden tener las protectoras, los veterinarios y el sistema de salud en la prevención?
Las respuestas no son simples. Pero la falta de debate decidido es una constante que vuelve cada vez más vulnerable a la región.
Cuando la historia se repite, la prevención se vuelve urgente
El ataque registrado este mes puede parecer un hecho aislado. Sin embargo, se suma a otros similares que cada tanto sacuden a Traslasierra y abren un breve espacio de preocupación social que luego vuelve a cerrarse.
En un territorio donde el vínculo con los animales forma parte de la vida cotidiana, el desafío es sostener una conciencia colectiva que no dependa únicamente de la noticia del día.
Lo ocurrido en Villa Dolores será, dentro de unos días, una más de las crónicas policiales.
Pero el problema de fondo seguirá vigente: cómo convivir de manera segura, equilibrada y responsable con animales que, bajo ciertas condiciones, pueden representar un riesgo real.
Y es allí, más allá del titular, donde la región aún tiene una discusión pendiente.