El 30 de marzo de este año, el Concejo Deliberante de Villa Dolores, presidido por el Dr. Roberto Ribeiro, aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión Investigadora con el objeto de dilucidar la responsabilidad que hubiera tenido la intendenta Gloria Pereyra en el proceso de indemnización de Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano, dos operarios municipales que fallecieron en una obra pública de desagües en 2019.
El pleno legislativo tomó tal determinación al entender que podrían existir tres irregularidades: los operarios municipales no contaban con seguro, sin embargo, una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) habría pagado indemnizaciones; el Departamento Ejecutivo habría acordado confidencialmente restituir el dinero de las compensaciones (15 millones de pesos) por fallecimiento al seguro, no respetando el principio de publicidad de los actos de gobierno; y los pagos efectuados por el Municipio al seguro habrían superado el régimen de contratación directa, sin ser girados por el Departamento Ejecutivo al Tribunal de Cuentas ni al Concejo Deliberante.
Un dictamen de la minoría en el marco de la Comisión Investigadora, concluyó que en el caso “existe responsabilidad” de la intendenta, del asesor letrado Matías Stumpf y del secretario de Finanzas Públicas Juan Pablo Sastre, “violando a prima facie los artículos 14, 117 y 119 de la Carta Orgánica y la Ordenanza N° 2789/22 de Presupuesto, que establece el Régimen de Contratación, y por haber realizado pagos sin cumplir el procedimiento de ley para el control legal del gasto público”. Contrariamente, el bloque oficialista emitió un informe de oposición del dictamen elaborado por la minoría legislativa.
Con todo ello el parlamento dolorense dispuso por mayoría instar un procedimiento judicial por acuerdos y pagos “irregulares” en la indemnización de operarios municipales fallecidos. Finalmente, la presentación fue realizada este jueves por el abogado Luis Pareja, patrocinaste del Dr. Ribeiro, en la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación de Villa Dolores.
Sobre el particular, Pareja y Ribeiro respondieron:
-Ya se efectuó la denuncia de forma electrónica y se presentó la documentación material ante Fiscalía.
-(Pareja) Efectivamente. Toda la prueba anexa y documental que sirve de respaldo y acreditación de la denuncia, es frondosa. Tiene categoría de instrumento público, porque emana tanto del Departamento Ejecutivo como del Tribunal de Cuentas Municipal. La prueba deja los hechos al descubierto y en forma flagrante.
A grandes rasgos y de manera estructural, podemos decir que consiste en un exceso ilimitado, casi impúdico, de la autoridad; asimismo, en sistemáticos incumplimientos de los deberes de funcionario público, disponiendo, autorizando y ejecutando gastos con el desconocimiento del Tribunal de Cuentas.
-¿A quiénes está realizada la denuncia?
-(Pareja) A funcionarios públicos que materialmente protagonizaron los hechos, que están absolutamente individualizados. Es una comisión delictiva que tiene base en instrumentos públicos y sus firmantes son la intendenta, el secretario de Hacienda y el asesor letrado.
-¿Qué tipo de pena puede caber en caso de ser considerados culpables en juicio?
-(Pareja) Son delitos excarcelables en principio, pero con penas accesorias de inhabilitación para la función pública. Son delitos contra la administración pública, que tienen como bien jurídico protegido el correcto y legal ejercicio de la función. No es un delito que contemple a particulares, sino a quienes ejercen el poder.
-¿Existe un perjuicio económico a las arcas municipales?
-(Pareja) Efectivamente, es un prístino, manifiesto y flagrante el perjuicio económico. Todo se origina por el incumplimiento por parte del Municipio de haber puesto en conocimiento a la ART sobre la existencia de los dos trabajadores. Ese incumplimiento dio lugar a que el Municipio pague de su bolsillo 15 millones de pesos, que los tendría que haber pagado la aseguradora si se hubiera declarado ante ésta a los empleados municipales.
Hubo un irresponsable ejercicio de la función al no haber dado conocimiento de la existencia de los vínculos laborales de los trabajadores, lo que derivó en el pago de las indemnizaciones con dinero de los vecinos de Villa Dolores.
A valores del momento en el cual se firmaron estos convenios, los 15 millones de pesos de indemnizaciones significaban 60 mil copas de leche o cinco viviendas con terreno incluido.
-¿Tiene buena expectativa en relación al curso de la investigación en Fiscalía?
-(Ribeiro) Sí. Durante el estudio de la causa que realizó el Dr. Pareja, se encontraron cuestiones que vienen a reforzar lo que había resuelto la Comisión Investigadora. Se han hecho otros actos por parte del secretario de Hacienda y la intendenta para tratar de encubrir y poder llevar adelante esta maniobra de pago sin la autorización del Concejo Deliberante ni del Tribunal de Cuentas.
-¿La presentación es en representación de todo el Concejo Deliberante?
-(Ribeiro) Asisto en carácter de funcionario público cumpliendo con el deber de denunciar la supuesta comisión de delitos y también como representante natural del Concejo Deliberante en mi rol de presidente, cumpliendo así un mandato del cuerpo legislativo local, que por mayoría determinó que se instruyera el proceso penal respectivo.
-¿Es la primera vez que ocurre un instancia de este tipo en la vida democrática del Municipio?
-(Ribeiro) Sí. Es histórico, sobre todo en el marco del 40 aniversario de la restauración de la democracia. Esto viene a fortalecer los vínculos democráticos en Villa Dolores. Esta es la función y responsabilidad que tenemos cada vez que juramos un cargo público, que es respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional.