La fiscal de Instrucción de Segunda Nominación, María Eugenia Ferreyra, se apartó de la “causa desagües”, iniciada por el Dr. Roberto Ribeiro, presidente del Concejo Deliberante de Villa Dolores, contra la intendenta dolorense Gloria Pereyra, el secretario de Hacienda Juan Pablo Sastre y el asesor letrado Matías Stumpf.
El abogado Luis Pareja, representante de Ribeiro (foto), informó a la emisora Radio Verdad que la determinación de la fiscal Ferreyra se debe a que una de las empleadas de la Fiscalía es pareja del titular de la Asesoría Letrada de la Municipalidad.
Para el abogado la fiscal no actuó con responsabilidad y debería haber informado de inmediato su decisión y no 20 días después. “Se apartó porque una de las trabajadoras es pareja del asesor letrado, que es uno de los denunciados, pero no me parece que eso tenga contenido suficiente para apartarse de la causa, en todo caso tendría que haber apartado a la empleada, pero no apartarse ella,” dijo a la emisora dolorense sobre la causa que ahora pasó a la Fiscalía de Primera Nominación, a cargo de Lucrecia Zambrana.
El caso
El 30 de marzo de este año, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión Investigadora con el objeto de dilucidar la responsabilidad que hubiera tenido la intendenta en el proceso de indemnización de Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano, dos operarios municipales que fallecieron en una obra pública de desagües en 2019.
El pleno legislativo tomó tal determinación al entender que podrían existir tres irregularidades: los operarios municipales no contaban con seguro, sin embargo, una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) habría pagado indemnizaciones; el Departamento Ejecutivo habría acordado confidencialmente restituir el dinero de las compensaciones (15 millones de pesos) por fallecimiento al seguro, no respetando el principio de publicidad de los actos de gobierno; y los pagos efectuados por el Municipio al seguro habrían superado el régimen de contratación directa, sin ser girados por el Departamento Ejecutivo al Tribunal de Cuentas ni al Concejo Deliberante.
Un dictamen de la minoría en el marco de la Comisión Investigadora, concluyó que en el caso “existe responsabilidad” de la intendenta, del asesor letrado y del secretario de Finanzas, “violando a prima facie los artículos 14, 117 y 119 de la Carta Orgánica y la Ordenanza N° 2789/22 de Presupuesto, que establece el Régimen de Contratación, y por haber realizado pagos sin cumplir el procedimiento de ley para el control legal del gasto público”.
Con todo ello el parlamento dolorense dispuso por mayoría instar un procedimiento judicial por acuerdos y pagos “irregulares” en la indemnización de operarios municipales fallecidos.