El Concejo Deliberante de Villa Dolores, presidido por Claudio Antón, celebró su décimo quinta sesión ordinaria, en la que se trataron temas relevantes para el ordenamiento urbano y la gestión municipal.
Uno de los ejes centrales fue la aprobación unánime del proyecto de ordenanza que crea el Programa de Gestión Municipal para la Disposición de Cables y Material en Desuso, impulsado por el Bloque Hacemos Unidos por Villa Dolores. La iniciativa había sido analizada en comisión presidida por el edil Fernando Lovagnini, donde recibió aportes que fortalecieron su contenido y permitió emitir un dictamen favorable.
El programa apunta a regular el retiro del cableado aéreo y estructuras obsoletas, con el objetivo de reducir la contaminación visual, mejorar el espacio público y optimizar la infraestructura de servicios como electricidad, telefonía, internet y televisión por cable. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Obras Públicas, encargada de coordinar la implementación del plan con las empresas prestatarias.
La ordenanza alcanza a todas las firmas públicas o privadas que operen con tendido aéreo en la ciudad, y establece como obligación la presentación de un plan de remoción del material fuera de uso —incluidos cables, postes, tensores, soportes y cajas de conexión—. También deberán identificar los postes con información visible, realizar relevamientos anuales y presentar informes sobre el estado de sus instalaciones.
Los plazos para el retiro del cableado inutilizado se fijan en seis meses para el casco céntrico y un año para el resto del ejido urbano. En caso de que una empresa haya cesado sus actividades o no pueda ser localizada, el Municipio queda facultado para intervenir de oficio. La normativa contempla un régimen de sanciones económicas graduadas ante incumplimientos, y se prevé la inhabilitación para nuevas instalaciones en caso de reincidencia.
Durante la misma sesión, el cuerpo deliberativo también aprobó un proyecto de resolución presentado por la vecina Sandra Patricia Gómez, solicitando la aprobación de plano sin cargo. La medida fue avalada por unanimidad, en el marco de las herramientas institucionales que permiten atender solicitudes particulares que responden a situaciones sociales especiales contempladas por la normativa vigente.